Grandes grupos de soldados privados estadounidenses están por llegar a Helmand, el centro de comando del mando militar británico en Afganistán, como parte de un nuevo relanzamiento de los proyectos de reconstrucción y desarrollo en la arrasada provincia.

Estados Unidos se ha ocupado de suministrar la mayor parte del nuevo paquete de ayuda, que alcanzaría los 200 millones de dólares. Pero los funcionarios británicos, convencidos de la necesidad de ganar “los corazones y las mentes” de los afganos en el enfrentamiento con los talibán, ya han dado señales de su preocupación por las posibles consecuencias que puede provocar el ingreso de contratistas militares. Estos grupos de seguridad privada quedaron en medio de la crítica internacional después que la compañía norteamericana Blackwater asesinara a tiros a un grupo de civiles iraquíes hace varias semanas en Bagdad.

Mientras las tropas de la OTAN recuperan el control del territorio que estaba en manos de los talibán, la insurgencia ha optado por replegarse y recurrir a los ataques suicidas y a los atentados en las principales rutas del país, como en Irak. “La preocupación es que pueda haber una explosión y que los contratistas entren en pánico y abran fuego, como sucedió con Blackwater en Bagdad. Eso es lo último que necesita Helmand en este momento”, aseguró un diplomático occidental.

Además de cuestionar a los mercenarios norteamericanos, también existe molestia por el liderazgo de Washington en la reconstrucción afgana. “En los papeles, los Estados Unidos son por lejos los mayores donantes en la provincia. Sin embargo, una gran parte de esa ayuda nunca llega a donde se la necesita”, agregó el diplomático.

DynCorp, una de las mayores empresas de seguridad norteamericanas, ya provocó molestias en Helmand por su participación en las campañas para erradicar las cosechas de opio. Los comandantes británicos reconocen que los campesinos, cuyas vidas han quedado destruidas por las fumigaciones, no distinguen entre contratistas privados y soldados. No obstante, intentan explicar que ellos no tienen nada que ver con las erradicaciones. El gobierno del presidente Hamid Karzai, como su contraparte en Irak, también se ha mostrado preocupado por las operaciones de los contratistas y, por eso, ya comenzó a discutir una nueva legislación que endurezca los controles.

Blackwater trabaja para la embajada estadounidense en Kabul. Sin embargo, en este país el mayor contratista norteamericano es USPI, una empresa con sede en Texas. Según informes de ese estado, la contratista ha sido acusada de sobrefacturar millones de dólares al gobierno estadounidense por empleados y camiones que no existen. Además, USPI ha sido criticada por su criterio de contratación. Un informe del think tank norteamericano International Crisis Group aseguró que la mayoría de sus empleados están asociados a milicias privadas. “Muchos han utilizado su autoridad para involucrarse en actividades criminales, como el narcotráfico”, afirmó el informe.

Un supervisor norteamericano que trabaja para USPI fue acusado de matar a un intérprete afgano y tomarse un vuelo al otro día de vuelta a Estados Unidos. La bronca llevó a que las oficinas centrales de esa empresa fueran atacadas varias veces, al igual que sus convoyes. Blackwater también recibió más de un cuestionamiento. Según informó la prensa, sus agentes participaron recientemente de una redada a sus propias oficinas, en la que se dice se llevaron la mayoría de las computadoras.

* De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Página/12.