El presidente francés enfrenta esta semana la primera huelga de envergadura de su corto mandato. En reacción al proyecto del gobierno que busca reformar los regímenes especiales de jubilación, los sindicatos del transporte público organizan este jueves un paro nacional para defender un mecanismo de jubilación específico que concierne a un millón seiscientas mil personas. A diferencia de las consignas nacionales, algunas federaciones de la CGT de París y de otros grandes centros urbanos como Lyon y Marsella llaman a un paro ilimitado. Trenes, autobuses, aeropuertos, metros, audiovisual público, suministros eléctricos, los sectores que se aunaron a la huelga buscan presionar al gobierno para que atenúe el alcance de la reforma. Esta apunta a que los regímenes especiales de jubilación que existen hoy se equiparen con el régimen general de jubilación vigente en el conjunto de la función pública.

El Ejecutivo se mostró sereno ante la perspectiva de una movilización sindical masiva. Para el gobierno de Nicolas Sarkozy se trata de medir la capacidad de acción de los sindicatos de cara a las próximas reformas, mientras que las centrales sindicales buscan también demostrar su propia fuerza. La huelga del jueves 18 es tanto más emblemática cuanto que se lleva a cabo con el telón de fondo de las huelgas que paralizaron el país en 1995 y cuyo resorte fue el mismo tema: la reforma del régimen de jubilaciones. En ese entonces, los cambios propuestos por el primer ministro liberal, Alain Ju-ppé, fueron abandonados y el jefe de gobierno tuvo que renunciar. Consciente de la motivación de los sindicatos, el oficialismo ya anticipó el hecho de que Francia vivirá una semana social agitada y probablemente un jueves negro. “El movimiento será muy fuerte. Casi no habrá trenes, ni colectivos, ni metros”, reconoció el ministro de Trabajo, Xavier Bertrand. Más ampliamente, el paro interviene en momentos en que el Ejecutivo se lanzó en un maratón de negociaciones con diferentes sectores. El presidente francés, Nicolas Sarkozy, dio plazo hasta finales de año para llegar a acuerdos por rama. Si las negociaciones no conducen a nada, el gobierno se apoyará entonces en el zócalo legislativo a fin de hacer pasar las reformas.

Aunque conserva altos niveles de adhesión, Nicolas Sarkozy empieza a pagar el tributo de su propia política. Un amplio abanico de parlamentarios de la conservadora UMP le reprocha al presidente no haber ido tan lejos como prometió en la puesta en práctica de reformas sustanciales. A su vez, la política de apertura preconizada por el jefe de Estado, es decir, incluir en puestos gubernamentales de peso a líderes de la oposición socialista, también ha suscitado fuertes críticas en los rangos del oficialismo. Seis meses después de haber sido electo, la Francia que Sarkozy prometió cambiar no ha cambiado tanto como se esperaba. Ninguna de las medidas anunciadas hasta ahora permite constatar que el lema de Sarkozy, “trabajar más para ganar más”, vaya en camino de hacerse realidad. La participación en el esquema gubernamental de ministros, secretarios de Estado o presidentes de comisiones oriundos de la izquierda va dejando como el trazo de una caricatura. La secretaria de Estado de la Política Urbana, antaño presidenta de la asociación Ni Putas ni Sometidas, claramente identificada a la izquierda, intervino públicamente para manifestar su desacuerdo con un capítulo de la nueva ley de inmigración que incluye pruebas de ADN para algunas categorías de candidatos a la inmigración. Fadela Amara dijo que esa historia de las pruebas ADN era “asquerosa”, pero nunca abandonó el gobierno.

La semana política francesa empieza con dos misterios: ¿cuál será el impacto de las huelgas del jueves?; ¿en qué momento el jefe de Estado oficializará su divorcio con su esposa, Cecilia Sarkozy? Hace semanas y semanas que la señora Sarkozy no aparece públicamente junto al presidente. Ello no hace sino alimentar los rumores sobre un divorcio que sólo espera su confirmación oficial.