Evo Morales se ha abierto un nuevo frente de lucha. El presidente boliviano anunció el sábado que enviará al Congreso un proyecto de ley para la creación de la Renta Dignidad, una pensión vitalicia para todos los mayores de 60 años que reemplazará al Bonosol, una pensión anual de 230 dólares que se paga desde hace diez años. Según el mensaje de Morales, el actual subsidio para personas mayores de 65 años fue utilizado políticamente por el partido de Gonzalo Sánchez de Lozada, MNR, pero reconoció que es útil para los adultos mayores, sobre todo para los habitantes del campo. Sin embargo, en una década de pago, ha producido un déficit al Estado de más de 200 millones de dólares, por lo que ahora propone cambiarlo por la Renta Dignidad, una mensualidad de 200 bolivianos (25 dólares) para los que no cuentan con jubilación y de 100 bolivianos para los que sí la tienen.

El problema surgió cuando anunció la fuente de financiamiento de esta medida: un tercio de los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) que era distribuido entre las universidades, municipios y gobernaciones de todo el país. Esto desató ayer una serie de reuniones que determinaron salir a las calles a protestar contra la determinación del gobierno.

En realidad, el Estado boliviano no tiene recursos ni siquiera para cubrir el Bonosol. Ya en agosto de este año descontó entre el 16 y 19 por ciento a las universidades, municipios y gobernaciones para poder cubrirlo. La iliquidez se dio por el traspaso de las acciones de las antiguas empresas estatales bolivianas que estaban al resguardo de las administradoras de fondos de pensiones a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y a la nueva Empresa Nacional de Telecomunicaciones. Estas acciones, con los fondos que producen, fueron vitales en dos de las nacionalizaciones de Morales, hidrocarburos y telefonía, por lo que las AFP se quedaron sin recursos para continuar cubriendo los pagos.

Las críticas al gobierno no se hicieron esperar. El partido opositor Poder Democrático y Social asegura que la mejor prueba de que la refundación de YPFB es un fracaso es que no genera los recursos necesarios para cubrir este subsidio y Rodolfo Arteaga, ejecutivo del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, recuerda que según la Ley de Hidrocarburos vigente, es YPFB la que debe garantizar el pago del Bonosol.

Arteaga cuestiona, además, el hecho de que la nueva política anunciada por Morales agrava el problema. Al bajar la edad y subir los subsidios necesitará 70 millones de dólares más para cumplir con su promesa. “Para el pago del Bonosol se necesitaban 120 millones de dólares. Ahora, si el Congreso aprueba la Renta Dignidad, se necesitarán 190 millones. Como universidades estamos de acuerdo en que se mejore el régimen social en Bolivia, pero no con medidas demagógicas que afectan a otras instituciones”, dijo.

En Santa Cruz de la Sierra, los comités cívicos y gobernadores opositores a Morales mantuvieron una reunión ayer y determinaron movilizaciones en defensa de sus recursos. Alberto Melgar, presidente del Comité Cívico de Beni (norte amazónico), aseguró que para ellos los fondos del IDH significan progreso, vida y salir del olvido al que los han condenado 182 años de centralismo en Bolivia. Para rechazar el recorte, coordinarán con las provincias de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Cochabamba movilizaciones que irán desde marchas callejeras hasta la desobediencia civil, huelgas de hambre y toma de instituciones estatales. A ellos se les sumarán las universidades, que sacarán a sus alumnos a las calles en contra de la medida.

Desde el gobierno, el ministro de Hacienda, Carlos Arce, cuestiona a los actuales beneficiarios del IDH, ya que asegura que con los fondos que no han gastado y tienen depositados en las arcas del Banco Central de Bolivia alcanzaría para pagar tres años el nuevo subsidio. Arteaga explica que no porque estén depositados no significa que no estén en ejecución y recuerda que las leyes bolivianas sólo permiten pagar el 20 por ciento del monto comprometido al inicio de obras. “Si nos recortan los fondos, no podremos invertir en infraestructura, investigación y en la desconcentración de la universidad a áreas rurales”, advirtió.

Por su parte, Morales ya se prepara para una batalla larga y difícil y adelantó que la Renta Dignidad se pagará por más que la oposición la bloquee con su mayoría en el Senado boliviano.