La violencia pone en riesgo las elecciones regionales en Colombia. Ayer dos candidatos a intendentes fueron asesinados, elevando el número de muertes políticas a más de 70 desde que comenzó la carrera electoral a principio de año. Una Misión de Observación Electoral había alertado recientemente sobre el peligro que se está viviendo en más de la mitad del país, pero el gobierno tildó al informe de excesivo. Sin embargo, les asignó guardaespaldas, trajes antibalas y autos blindados a cientos de aspirantes a intendencias o los consejos municipales. Algunos candidatos tienen hasta seis agentes –públicos y privados– vigilándolos las 24 horas, otros deben resignar los actos en lugares públicos y otros, como último recurso, se ven obligados a renunciar a menos de dos semanas de la elección.

Desde que el presidente Alvaro Uribe rechazó el informe de la misión de observadores, tres dirigentes colombianos fueron asesinados, cinco renunciaron a sus candidaturas y Horacio Serpa, ex candidato presidencial y actual candidato a gobernador de Santander, tuvo que suspender todas sus actividades en la plaza pública de la capital de ese departamento por miedo a las constantes amenazas. Según la misión observadora, un equipo de reconocidos académicos colombianos apoyados por la OEA, las amenazas, los atentados y los asesinatos son responsabilidad de las dos principales guerrillas del país –las FARC y el ELN– y de los nuevos grupos criminales que surgieron luego de la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia, el principal bloque paramilitar del país.

Los informes de las defensorías locales difieren en algunos números. Sin embargo, lo seguro es que con las muertes de ayer las víctimas ya superan las 70. Diecisiete eran candidatos y el resto, familiares, asistentes de campaña, militantes y hasta funcionarios. La mayoría de los asesinatos tuvo lugar en los departamentos del sur del país, uno de los pocos bastiones que les quedan a las FARC, después de la fuerte ofensiva del gobierno de Uribe. No obstante, la misión de observadores destacó que las amenazas, secuestros y tentativas de atentados se concentran en Antioquia, Meta y Valle, tradicionales departamentos de los ahora desmovilizados paramilitares. La semana pasada, los colombianos se sorprendieron cuando la violencia electoral llegó a la capital, uno de los iconos de la “exitosa” política de seguridad de Uribe. Una bomba explotó frente a la casa de una concejal que busca su reelección. Esta vez no hubo víctimas. Los académicos colombianos, al igual que el equipo de observadores de la OEA que acaban de llegar al país, también llamaron la atención sobre las otras irregularidades que ponen en riesgo los comicios del próximo 28 de octubre. Por un lado, el instalado fraude electoral en los departamentos de la costa caribeña –otro feudo de los antiguos (?) paramilitares–. El propio jefe de la misión de la OEA advirtió recientemente sobre el problema. “Vinimos a tratar de ver qué es lo que gana. Si la extorsión, si las amenazas, si los asesinatos, si la compra de votos, si el chantaje de unos y de otros”, aseguró el ex canciller argentino Dante Caputo.