Evo Morales tiene más frentes abiertos de los que puede controlar. Anteayer, cinco gobernadores convocaron a la desobediencia civil para frenar el intento del presidente boliviano de recortarles el 70 por ciento de los recursos que reciben por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). Este recorte está destinado a financiar la Renta Dignidad, un bono de alrededor de 25 dólares mensuales para todos los mayores de 60 años, que actualmente se encuentra bloqueado por la oposición en el Senado. Es por ello que Morales también ha cargado contra el Congreso y ha movilizado a sus bases sociales para que lleguen a La Paz y presionen al Congreso. Además, a veintitrés días del fin de su plazo, la Asamblea Constituyente no puede avanzar y, como tiene a sus movimientos sociales concentrados en presionar al Parlamento, no tiene la fuerza suficiente para obligar a los asambleístas a sesionar. Con ello, Evo Morales se ve casi acorralado por los problemas y tendrá un fin de año tenso, con movilizaciones en las provincias autonomistas y posibilidad de enfrentamientos en Sucre por la Constituyente.

En realidad, los enfrentamientos comenzaron ayer. Un grupo de campesinos e indígenas de Oruro y Potosí llegaron a la capital y tomaron la puerta del Teatro Gran Mariscal de Ayacucho, sede de la Asamblea Constituyente, para garantizar que el oficialista Movimiento Al Socialismo pueda sesionar. Esto provocó la reacción inmediata de estudiantes de la universidad sucrense que, al superar en número a los campesinos, los hicieron retroceder, no sin que antes se registre un herido de cada lado. La situación amenazaba con llegar a niveles mayores, pero el MAS decidió replegar a los campesinos y esperar los refuerzos que deben llegar desde Chapare y La Paz.

Entretanto, la directiva de la Asamblea Constituyente, controlada por el MAS, llamó a una plenaria para hoy en la que se debe resolver la disputa entre Sucre y La Paz por la sede de los poderes del Estado. Aunque la convocatoria es oficial, es muy difícil que se pueda cumplir la sesión, ya que el MAS no asistirá si no logra reunir 170 de los 255 votos para aprobar una propuesta que reparte los poderes entre ambas ciudades. Hasta el momento, las gestiones del oficialismo no se acercan a esa cifra, ya que tiene alrededor de 20 disidentes dentro de su bancada de 142 representantes y no consigue reenamorarlos. Con ello, se perfila un cierre temporal de la Asamblea hasta conseguir acuerdos políticos que garanticen su continuidad.

Y como en Bolivia todo conflicto es vinculante, el conflicto con los gobernadores también afectará los probables acuerdos en la Asamblea. Para cuatro de las nueve provincias de Bolivia, los ingresos del IDH representan el 70 por ciento de su presupuesto. Es por ello que si el gobierno se los recorta se quedarían sin recursos para invertir en obras. Al principio, Morales había propuesto recortarles el 30 por ciento de estos recursos a gobernaciones, municipios y universidades, pero cuando se dio cuenta de que se estaba peleando con todos los grupos que pueden movilizar gente en su contra, decidió sólo recortarles los recursos a las gobernaciones, dejando fuera del pago de la Renta Dignidad a los municipios y universidades. Ante esta situación, los gobernadores consideran que todo se trata de una estrategia de Morales para matar las autonomías antes de que sean aprobadas por la Asamblea Constituyente, ya que les daría libertad política y obligaciones de gestión, pero no recursos para cubrirlos.

Por esa razón los gobernadores llamaron a la desobediencia civil, que muy probablemente derive en cabildos a mediados de diciembre, precedidos por huelgas de hambre y toma de instituciones en cada una de las cinco regiones.

Ante este panorama, Morales acusó a los gobernadores de sedición. “Estaba viendo en los periódicos, desacato, desobediencia civil dicen algunos prefectos, qué es eso, es una sedición, no está respetando la norma”, dijo Morales, y recordó que él juró respetar y hacer respetar la Constitución Política del Estado.

También se ha movido en los ámbitos legales y la fiscalía de la república iniciará una investigación contra los gobernadores por sedición. Pero las autoridades de las provincias no se quedan de brazos cruzados. Rubén Costas, gobernador de Santa Cruz, asegura que Morales está en un camino autogolpista. Desde la oposición se lee la presión sobre el Congreso como un intento de cerrarlo al estilo de Alberto Fujimori en Perú. Con todo este panorama por venir, Bolivia se prepara para un fin de año políticamente movido, con conflictos por todo el país y amenazas de enfrentamiento entre el campo y la ciudad. Pero todo este escenario podría ser pequeño en relación con el que se puede presentar si fracasa la Asamblea. Ya lo anunció Alvaro García Linera, vicepresidente de Bolivia: “Si la Constituyente fracasa, nos vemos en la calle”.