Aunque las reivindicaciones localistas estuvieron presentes en la historia de Bolivia, tanto de parte de las regiones más ricas como de los pueblos originarios, es innegable que los sectores vinculados a los cuatro prefectos (gobernadores) que ahora piden autonomía guardaron silencio al respecto cuando gobernaron los mandatarios que precedieron a Evo Morales, especialmente aquel que apenas podía hablar en español.

La represión y asesinato de militantes sociales no despertó a los cabildos cívicos de Santa Cruz. Recién cuando el gobierno está liderado por un indígena con propuestas de reformas que tocan intereses económicos –como la nacionalización de los recursos naturales–, esos sectores llevan su reclamo a un nivel de ficción, esto es, impracticable y contradictorio con su declamación de que no buscan romper la unidad de Bolivia. El autonomismo comenzó a causar furor en la Media Luna (Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija) cuando llegó la hora de la redistribución de la riqueza. Entonces, el Oriente salió a confrontar con el Occidente; antes no lo odiaba, apenas lo despreciaba.

Otros procesos autonómicos o separatistas en el mundo llevan un desarrollo de décadas o siglos. Desde Irlanda a Kosovo, hay para todos los gustos. Lo singular del caso boliviano es que, pese a que hace un par de años ni siquiera elegía prefectos, el repentino despertar autonomista va por todo: policía, derecho sobre las tierras y recursos naturales, educación, salud, impuestos. Cataluña o el País Vasco en España no se animaron a tanto.

El estatuto que redactó la rica Santa Cruz establece un Estado central hueco. A esto se suma que la ciudad de Sucre pide la plena capitalidad, otra demanda para debilitar a La Paz.