Alguna vez dijo que prefería caer de espaldas, antes que arrodillarse y pedir perdón. Ayer la Justicia uruguaya le dio el gusto al ex dictador Gregorio Alvarez, al detenerlo por delitos de desaparición forzada, una figura legal nunca antes aplicada. Con el aval del Poder Ejecutivo, el último presidente de facto entre 1981 y 1985 fue procesado por el traslado clandestino de unos 20 opositores políticos desde la Argentina a Uruguay así como de sus posteriores asesinatos. Por el mismo delito, el juez Luis Charles dictó el procesamiento del capitán de navío Juan Carlos Larcebau y pidió una orden de captura internacional para el oficial de la Armada, Jorge Tróccoli.

El Goyo Alvarez aseguró que desconocía el Plan Cóndor cuando dio testimonio por primera vez frente a un juez civil en junio del 2006. Pese a haber coordinado las operaciones internas para reprimir a la guerrilla urbana de los Tupamaros, el acusado dijo que no estaba arrepentido y que nunca iba a pedir perdón a los familiares de los desaparecidos. “Más vale caer de espaldas que caer de rodillas”, aseguró molesto en aquella ocasión. Ayer recibió el primer golpe quien fuera comandante en jefe del Ejército en 1978 y presidente del gobierno de facto entre 1981 y 1985.

Con 82 años, el ex dictador fue detenido por la mañana y trasladado a la Jefatura de Policía de Montevideo, donde fue procesado con prisión. Luego, fue llevado a la cárcel especial para militares Domingo Arena, sitio que probablemente será su destino final y donde actualmente están presos ocho ex oficiales por violaciones de derechos humanos. La fiscal Mirtha Guianze, quien había pedido el procesamiento de Alvarez, precisó que el ex militar fue procesado como “coautor de reiterados delitos de desaparición forzada”, que pueden implicar una pena con un mínimo de dos años y un máximo de 25 años de cárcel por ser un crimen considerado permanente, mientras no se conozca el destino o paradero de las víctimas.

De acuerdo con el dictamen del juez Luis Charles, el represor es responsable del traslado en 1978 de una veintena de presos políticos por aire, mar y tierra, quienes fueron secuestrados previamente en los centros clandestinos de detención argentinos conocidos como pozos de Banfield, Quilmes y COTI-Martínez. Bajo idénticos cargos se dictó el procesamiento a los oficiales retirados de la Armada Juan Carlos Larcebau y Jorge Tróccoli.

Promulgada en Uruguay en 2006, la figura de desaparición forzada fue aplicada ayer por primera vez en el procesamiento de Alvarez y Larcebau. Con la aprobación de la Ley de Caducidad en 1986, militares y policías responsables de la represión habían quedado impunes. Sin embargo, esta vez el presidente Tabaré Vázquez aceptó la detención del Goyo luego de que el juez Charles le consultara al respecto. La norma de Caducidad prevé que los jueces deben ser asesorados por el Ejecutivo para definir si un caso está contemplado o no por la ambigua ley que permite juzgar a los mandos, aunque sin precisar los contornos de esa jerarquía.

En momentos que organizaciones de derechos humanos y la central obrera PITCNT reúnen firmas para pedir la derogación de dicha norma, Alvarez se convirtió en el segundo dictador procesado por violaciones de derechos humanos, después de que le tocara su turno al represor Juan María Bordaberry en noviembre de 2006.

Tras el fallo de ayer, el abogado de Alvarez, Carlos Curbelo Tammaro, renunció a su cargo de defensor por la supuesta ausencia de garantías para un debido proceso legal. La semana pasada la Suprema Corte de Justicia había desestimado tres recursos presentados por Tammaro en cuatro días para evitar la detención del ex dictador. En cambio, la fiscal Guianze se mostró satisfecha. “Más allá de condenar a una persona con nombre propio, es un avance que apunta a rescatar la memoria colectiva de los uruguayos, tras los horrendos episodios que marcaron una época”, señaló. Durante la dictadura, miles de personas fueron detenidas y sometidas a torturas, y, según organizaciones de DD.HH., 200 opositores desaparecieron y un centenar murió en las cárceles.

En tanto, el abogado denunciante, Oscar López Goldaracena, indicó que aún se debe avanzar con la causa. “El Poder Ejecutivo debe brindar toda la información que posee y apelar a los procedimientos disciplinarios, hasta dar con el paradero de los desaparecidos porque en una cultura de DD.HH. no tiene cabida la impunidad”, dijo el representante de los familiares de las víctimas de la represión. Asimismo, la familiar de detenidos-desaparecidos, Luisa Cuesta, expresó que el encarcelamiento fue un paso adelante en el juicio a una persona que, según ella, intervenía al mando de la represión. “Por este procesamiento nosotros no vamos a tener la verdad, vamos a tener que seguir buscando la verdad”, señaló.