Dom 30.12.2007

EL MUNDO  › LA INSOLITA DEFENSA DE FUJIMORI EN LOS JUICIOS POR VIOLAR DD.HH.

Salvó al Perú pero no tenía mando

En el banquillo por asesinatos y desapariciones cometidas por grupos paramilitares durante su gobierno, Fujimori adoptó la estrategia de mostrarse débil y hacerse el ignorante, pero tuvo muchas contradicciones. Podría ser condenado a 30 años de prisión.

› Por Carlos Noriega

Desde Lima

“No recuerdo”, “no sabía”, “yo no daba órdenes”, “no conocía nada del mundo militar”, “me acojo a mi derecho de guardar silencio”, fueron las respuestas que más se escucharon durante el interrogatorio al ex presidente Alberto Fujimori (1990–2000) en el juicio que se le sigue por violaciones a los derechos humanos. A pesar de escudarse por momentos en el silencio y en otras ocasiones en supuestos problemas de memoria, durante las siete sesiones que duró el interrogatorio al que fue sometido, Fujimori no pudo evitar caer en comprometedoras contradicciones y admitió que durante su gobierno se produjeron “miles” de desapariciones y asesinatos. En un momento llegó a pedir disculpas a las víctimas de su gobierno, pero no reconoció responsabilidad en esas violaciones a los derechos humanos, de las que responsabilizó exclusivamente a los militares y a su asesor Vladimiro Montesinos, quien fuera su brazo derecho y sindicado como el creador del Grupo Colina, escuadrón de la muerte por cuyos crímenes es juzgado Fujimori. El presidente del tribunal, César San Martín, le dijo al acusado Fujimori que afirmar que desconocía las violaciones a los derechos humanos cometidas durante su gobierno resultaba incoherente.

Sentado en el banquillo de los acusados, el ex presidente peruano, que cuando estuvo en el poder cerró el Congreso y dirigió un gobierno autoritario, intentó convencer a los jueces de que había sido un presidente sin poder de mando. Fujimori ha decidido apelar a la estrategia de presentarse como un presidente desbordado por los acontecimientos y por los militares. Para quien ha construido su imagen política vanagloriándose de su supuesta capacidad de mando y presentándose a sí mismo como el estratega de lucha contra las guerrillas de Sendero Luminoso y el MRTA (Movimiento Revolucionario Túpac Amaru), esta estrategia del tonto que no sabía nada sin duda tendrá un costo político, pero en este momento para Fujimori la prioridad es intentar salvarse de los 30 años de cárcel que le pueden poner por las violaciones a los derechos humanos cometidas por su gobierno. “La estrategia antisubversiva fue diseñada por las Fuerzas Armadas (...). Yo no tenía el mando”, dijo Fujimori, buscando eludir su responsabilidad por las muertes de la guerra sucia. Pero en otro momento del juicio exclamó: “Yo salvé al Perú (de la subversión)”. Contradicciones como esta se repitieron a lo largo del interrogatorio.

Aseguró que siempre se preocupó por que se respeten los derechos humanos en la lucha antisubversiva, pero cuando le recordaron que su gobierno nunca investigó las violaciones a los derechos humanos que se cometieron, contestó que no hizo nada porque Montesinos y los militares, que eran los acusados por esos crímenes, le habían asegurado que esas denuncias eran falsas. Mientras la fiscalía asegura que existió una política clandestina de guerra sucia, la defensa de Fujimori alega que el juicio debe basarse solamente en las directivas oficiales firmadas por el ex presidente. Cuando sus interrogadores le hicieron ver al ex presidente que en una directiva firmada por él y dirigida a los militares se habla de “eliminar” a los subversivos, Fujimori se defendió alegando que no conocía el “significado militar” del término “eliminar”. En un momento del interrogatorio, cuando le mostraron los documentos en los que felicitaba y ordenaba el ascenso de los miembros del Grupo Colina, a los que había asegurado no conocer, Fujimori les restó importancia alegando que para él los documentos no tienen valor. “Espero que no me juzguen por documentos, sino por los hechos”, dijo Fujimori, contradiciendo a su propia defensa, que quiere centrar el debate en los documentos oficiales firmados por él, y dándole la razón a la fiscalía, fundamentada en las acciones concretas del Grupo Colina y en el hecho de que Fujimori tenía el control del mando durante su gobierno. Sobre el papel de Montesinos en su régimen, primero aseguró que era un simple asesor, pero después admitió que tuvo un rol protagónico durante su gobierno y que fue su nexo con los militares.

El viernes culminó el interrogatorio a Fujimori y se iniciaron las sesiones de preguntas a las seis víctimas del fujimorismo que declararán en este juicio. El primero en declarar fue Tomás Livia, sobreviviente de la matanza de Barrios Altos, en la que 15 personas fueron asesinadas por el Grupo Colina. Livia, un vendedor ambulante, ingresó al juzgado en silla de ruedas, en la que quedó postrado desde noviembre de 1991 cuando recibió 17 balazos disparados por los militares del Grupo Colina. Todos los creían muerto, pero Livia sobrevivió milagrosamente y el viernes relató ante el tribunal que juzga a Fujimori cómo fue el operativo de aniquilamiento del Grupo Colina en la modesta vivienda de Barrios Altos, en el centro de Lima, donde un grupo de heladores ambulantes celebraba una fiesta. Fujimori escuchó el dramático relato sin inmutarse.

Luego de que declaren las víctimas será el turno de los 98 testigos, entre ellos Vladimiro Montesinos, quien ha dicho que siempre actuó por órdenes de Fujimori; el general Nicolás Hermoza, quien fuera jefe de las Fuerzas Armadas durante la mayor parte del gobierno de Fujimori, incluyendo el período en el cual operó el escuadrón de la muerte Colina, y que ha declarado que el Grupo Colina no pudo haber existido sin la autorización de Fujimori, y los miembros del Grupo Colina que están detenidos, ocho de los cuales han decidido colaborar con la Justicia dando detalles del funcionamiento de Colina.

La defensa de Fujimori ha llamado como testigos para que declaren que el régimen fujimorista no violó los derechos humanos a altos jefes militares, la mayor parte de ellos denunciados, precisamente, por violaciones a los derechos humanos.

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