Emmanuel será entregado a la familia de Clara Rojas en dos semanas. Después de la confirmación de las propias FARC, la Justicia colombiana y el Instituto de Bienestar Infantil ya preparan las formalidades y sólo esperan los resultados de las pruebas de ADN de España, que ratificarán la identidad del hijo de la ex compañera de fórmula de Ingrid Betancourt, nacido en cautiverio en la selva, tres años atrás. Mientras los Rojas festejaban la noticia desde Caracas, donde todavía esperan que se reactive la entrega de Clara y de la ex congresista Consuelo González, en Colombia el gobierno de Alvaro Uribe finalmente consiguió que todos los sectores políticos condenaran a las FARC. El presidente, relegitimado ante la opinión pública, negó haber secuestrado a Emmanuel, como denunció la guerrilla, y reiteró que no cederá a las demandas del grupo armado.

Pasada la medianoche del viernes, la cúpula de las FARC difundieron un comunicado, que terminó de sellar el sentimiento de victoria que ya se respiraba en el palacio presidencial de Nariño. La guerrilla confirmaba lo que ya habían adelantado las pruebas de ADN de la Fiscalía Nacional colombiana, el viernes por la tarde. La hipótesis del gobierno sobre Emmanuel era verdad, o al menos una parte. Las FARC reconocieron que el niño que había sido abandonado en un hospital cercano a la selva hace cerca de dos años era el hijo de Clara Rojas, el mismo que ellos habían prometido liberar a fines de año junto a su madre y a la ex congresista González. “La opinión pública nacional e internacional entiende muy bien que Emmanuel no podía estar en medio de las operaciones bélicas del Plan Patriota (la primera versión del Plan Colombia), de los bombardeos y los combates, la movilidad permanente y las contingencias de la selva”, explica.

Sin embargo, la guerrilla rechazó la parte de la versión oficial que sostenía que el gobierno se había enterado de la existencia del niño sólo días antes del fallido operativo de rescate. “Experto en cortinas de humo, el gobierno narco-paramilitar de Uribe, previa consulta a su amo en Washington, ha resuelto secuestrar en Bogotá al niño Emmanuel con el infeliz propósito de sabotear su entrega, la de su madre Clara Rojas y Consuelo González de Perdomo al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez”, sostuvieron las FARC en el comunicado.

Las irregularidades del anuncio de Uribe del 31 de diciembre pasado ya habían suscitado cuestionamientos desde Colombia y la comunidad internacional. Las fechas no coinciden y las fuentes de la información todavía no están claras. Sin embargo, en Bogotá ayer quedó claro que nadie les cree a las FARC. Por primera vez desde que empezó la negociación para la liberación de los tres rehenes, la oposición y los tradicionales detractores de Uribe se unieron en una condena fulminante contra la guerrilla. “Se trató de una payasada de las FARC porque no tenían al menor”, aseguró el vocero del Polo Democrático Jaime Dussan, al describir todos los operativos y las idas y vueltas de los últimos días entre el gobierno colombiano y el venezolano.

El defensor del Pueblo, Volmar Pérez, coincidió con la fuerza opositora y sostuvo que la única forma que la guerrilla puede intentar volver al diálogo es si cumple su promesa y libera a los rehenes. Pero esta posibilidad parece cada vez más lejana. En el comunicado de la madrugada de ayer, la cúpula de las FARC le pedía al presidente Chávez que no renuncie a la operación de rescate, pero ponía nuevas condiciones. Ya no bastan, explicó, la suspensión de los combates en la zona selvática del sur ni el salvoconducto a Venezuela. “No le estamos pidiendo al señor Uribe ningún corredor de seguridad”, aseguró la dirección guerrillera, rechazando la última oferta de Bogotá. “Necesitamos el despeje militar de Pradera y Florida”, agregó, reiterando su tradicional demanda para el intercambio humanitario, en el que cerca de 50 secuestrados serían entregados a cambio de la liberación de medio millar de guerrilleros presos.

El gobierno colombiano, haciendo uso de la nueva situación política, no tardó en rechazar la demanda de las FARC y congelar cualquier posibilidad de reactivar las negociaciones. “Frente a un grupo tan mentiroso, cómo les vamos a creer que cuando retiremos la fuerza pública de Pradera y Florida ellos van a tener buen comportamiento una vez que tomen el control de estos municipios”, señaló ayer el alto comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo. Por primera vez, ayer en Colombia nadie salió a cuestionar la intransigencia del gobierno.