La ofensiva judicial contra el entorno político de ETA comenzó a hacerse visible ayer en España con la detención del portavoz de Herri Batasuna, Pernando Barrena, el máximo dirigente de la izquierda nacionalista vasca que aún se encontraba en libertad. Barrena fue detenido por orden del juez Baltasar Garzón en cuyas manos se encuentra también la causa abierta por la fiscalía española para ilegalizar al Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV), una organización aliada de los nacionalistas radicales y que sirve al entorno etarra para estar presente en las instituciones democráticas regionales y nacionales.

La medida se produce cuando faltan apenas un mes y cuatro días para las elecciones generales del 9 de marzo y es parte de la estrategia de la fiscalía nacional para dejar fuera de estos comicios a cualquier partido que pueda tener alguna relación política con ETA y su entorno. El pasado sábado, Barrena había afirmado en un acto llevado a cabo en la ciudad de Pamplona que la izquierda nacionalista vasca estaría presente bajo “cualquier circunstancia” en estos comicios.

La detención se produce en el marco de una causa judicial abierta por el juez Garzón el pasado mes de octubre, cuando fueron detenidos más de 20 dirigentes de la ilegalizada Batasuna en una localidad del País Vasco. Barrena y el resto de los implicados en la causa están acusados de “integración en organización terrorista” y de seguir participando en la vida pública en nombre de Batasuna, a pesar de que este partido está ilegalizado por la Justicia.

Pero la detención de Barrena no fue la única acción que emprendió ayer Garzón contra el entorno etarra. Ayer también se celebró la vista previa judicial dentro de la causa abierta por la fiscalía contra el PCTV, una organización fundada en los años ’30 y que fue resucitada por los dirigentes de Batasuna para no perder espacio en las instituciones democráticas luego de la ilegalización de HB. Garzón tomó declaración ayer al presidente del partido, Juan Carlos Ramos, y en los próximos días se espera que la Audiencia Nacional termine de reunir las pruebas que necesita para impedir a esta organización la participación en los próximos comicios.

Otra organización sospechosa de formar parte del entorno de ETA y que no se librará de la persecución judicial es Alianza Nacionalista Vasca, el partido apoyado por la izquierda nacionalista en las últimas elecciones municipales. La semana pasada, la fiscalía presentó ante el Tribunal Supremo la demanda de ilegalización de ANV bajo condiciones similares a las del proceso abierto contra el PCTV: solicita que no se le permita participar en las elecciones y se pide el embargo de sus cuentas bancarias. El gobierno socialista espera que la decisión del Tribunal Supremo se tome antes de que se produzca la proclamación de las candidaturas, el próximo 14 de febrero, o de lo contrario deberá esperar hasta el 21 de ese mes para que se pronuncie el Tribunal Constitucional, última instancia antes de permitirle a una lista electoral participar en las elecciones.

Con todo este arsenal de medidas judiciales, los socialistas esperan sacarse de encima “la imagen de blandos con el entorno etarra” que intentó colgarles durante los últimos años el Partido Popular.