Superfluo, xenófobo, racista, fueron sólo algunos de los adjetivos que cosechó ayer en España la propuesta hecha por el candidato del Partido Popular Mariano Rajoy de obligar a los inmigrantes a firmar un “contrato” para obtener la residencia que los obligue a “respetar las costumbres” y a regresar a casa si después de un tiempo “no consiguen trabajo” o no logran integrarse. El presidente José Luis Rodríguez Zapatero se sintió obligado a pedir perdón en nombre de todos los españoles. “Les parece bien que los inmigrantes hagan trabajos duros, pero les parece mal que puedan hacerse una mamografía”, señaló el mandatario.

Zapatero tachó de “superflua” la propuesta del PP y explicó que a su juicio “el único contrato que deben cumplir los inmigrantes es respetar las leyes”. Si no lo hacen, aclaró, son expulsados como estipula la actual Ley de Extranjería. De hecho, el Partido Socialista había propuesto hace una semana, en la presentación de su plataforma electoral, que aquellos inmigrantes acusados de maltrato familiar, una auténtica plaga social en España que involucra tanto a españoles como a inmigrantes, sean expulsados del país por al menos diez años. Detrás de Zapatero salieron sus ministros a criticar al candidato conservador. El más duro fue Alfredo Pérez Rubalcaba, actual ministro del Interior, que calificó la idea de “inaceptable”. Se trata, dijo, de “humo con un tufo a xenofobia que ciertamente nos preocupa”. Según el dirigente socialista, Rajoy sólo pretende “demonizar la inmigración” y se preguntó incluso con ironía quién va a proporcionar “el catálogo de buenas costumbres” para incluir en el contrato, sugiriendo que tal vez el PP se lo pida a Rouco Varela, uno de los cardenales integristas de la actual cúpula eclesiástica enfrentada con el gobierno socialista.

Desde el PSOE también salieron en tanda a responderle al PP. Los populares necesitan “que los inmigrantes firmen un papel en el que digan que van a ser buenos y a cumplir con la ley porque, para la derecha, los inmigrantes son gente de poco fiar”, disparó Pedro Zerolo, secretario de Movimientos Sociales del Partido, mientras la actual secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, consideró que “no se entiende” la propuesta de la derecha y más bien revela una “franca ignorancia” por parte del PP, ya que actualmente se está aplicando la normativa europea con respecto a la inmigración y no ve motivos que justifiquen dar un paso más allá.

Mucho más duras estuvieron las ONG que se ocupan del tema en el territorio español. Kamal Rahmouni, presidente de ATIME, aclaró que la “integración no se puede plantear por decreto o contrato” y se preguntó “¿qué van a hacer? ¿Pasarnos un catálogo de las costumbres españolas?”. Mientras que para SOS Racismo la propuesta es “inconstitucional” y peligrosa porque “los derechos no se pueden condicionar con un contrato”. La organización Rumiñahui, a través de su vocero Raúl Jiménez, acusó al PP de “demagogo” y lo acusó de convertir la inmigración en “caldo de cultivo de miedos y temores”. Desde Izquierda Unida también llovieron críticas a la propuesta. Su candidato presidencial, Gaspar Llamazares, cree que “el PP está más preocupado por tranquilizar a su electorado sobre los supuestos problemas de seguridad que crean los inmigrantes que por plantear una verdadera política de integración” y sostuvo que Rajoy en realidad está “viendo fantasmas” donde no los hay.

Ante tanto rechazo, el Partido Popular consideró necesario salir a defender su propuesta. Y la embarró más todavía. El que puso la cara fue Miguel Arias Cañete, secretario de Economía y Empleo del partido y uno de los personajes más recalcitrantes de la antigua derecha franquista aún presente en la estructura partidaria, quien defendió la idea de Rajoy afirmando que la inmigración que llega ahora al país “no es cualificada”, ya que han dejado de existir “ camareros maravillosos que teníamos, que le pedíamos uno cortado, un nosequé, mi tostada con crema, la mía con manteca colorada, y venían y te lo traían rápidamente y con una enorme eficacia”. Según él, los inmigrantes deben estar obligados a “seguir una guía de buenas costumbres”, sin explicar a qué costumbres se refiere.