El diálogo está muerto. Luego de que la oposición boliviana diera plazo al gobierno hasta el miércoles 13 de febrero para que resuelva una serie de demandas, la solución concertada a las diferencias políticas en Bolivia se aleja cada vez más. El jueves Sucre fue el escenario no sólo para que gobernadores, líderes cívicos y representantes de movimientos sociales no alineados con Evo Morales definieran darle cinco días para resolver el recorte de la renta petrolera a las provincias y las diferencias entre la nueva Constitución y los estatutos autonómicos, sino que además reflotó el conflicto entre Sucre y La Paz por ser sede de los poderes del Estado.

“Si el presidente Morales no tiene respuestas claras hasta el miércoles, lo mejor es que todos nos sometamos a un referéndum revocatorio”, advirtió Leopoldo Fernández, gobernador del norteño departamento (provincia) de Pando. Desde el gobierno, las reacciones no se dejaron esperar y el vocero presidencial Alex Contreras criticó a la oposición. Consideró que el documento firmado en Sucre tenía tintes racistas y beligerantes y que no proponía ninguna solución. “Siento que los prefectos (gobernadores) no vienen de la cultura del diálogo. En estas etapas se pueden encontrar consensos entre los disensos. Tenemos serias diferencias políticas, ideológicas y de visión de país con los prefectos, pero en los diálogos a veces se avanza un paso y se retrocede dos”, dijo Contreras.

Por su parte, el viceministro de Coordinación Gubernamental, Héctor Arce, consideró que si el diálogo fracasa la única solución será llamar a referéndum revocatorio. Desde la oposición aseguran que no dan por cerrado el diálogo, sino todo lo contrario. El presidente cívico de Santa Cruz, Branco Marinkovic, conminó al presidente Morales a reunirse de una vez por todas con los nueve prefectos para encontrar una solución a los problemas. Si esto no se da hasta el próximo miércoles, los cívicos de oposición planean llamar a un paro de 24 horas en seis departamentos. Además se prevé que las medidas más fuertes sean tomadas por las regiones chaqueñas. En la zona se prevé el corte de rutas y el cierre de válvulas de los gasoductos que exportan el gas boliviano a Brasil y Argentina. El problema es que el Chaco boliviano será la región más afectada por el recorte de la renta petrolera para pagar la renta Divinidad (un bono mensual de entre 20 y 25 dólares para adultos mayores), ya que reciben el 45 por ciento.

“No entiendo cómo no estamos todos unidos para hacer realidad esta renta que llegará a más de 700.000 personas en todo el país”, dice el vocero Contreras. El prefecto de Beni, Ernesto Suárez, aclara que nadie está en contra del pago del beneficio, sino que piden que no sea cancelado con fondos de la renta pretrolera, ya que para los departamentos más pobres significa la mayor parte de su presupuesto de inversión. “Si se mantiene el plan actual del gobierno, Beni se quedará sin el 93 por ciento de su presupuesto y sin posibilidades de trabajar por el desarrollo de la región”, se quejó Suárez.

Ayer ya nadie creía que el diálogo fuera posible y Contreras aclaró que no habrá otra reunión directa entre Morales y los prefectos si antes no se agotan las mesas técnicas de diálogos. Como todo buen círculo vicioso, los opositores responden que no asistirán a esas mesas porque los emisarios del gobierno no quieren escuchar ninguna propuesta distinta a lo que han definido y que el único que tiene intención real de llegar a un acuerdo es el presidente Morales.

Ante la presión de la oposición, el gobierno también movió sus hilos. Ayer se anunció que será el mismo Morales el que convoque un referéndum para dirimir el único artículo que quedó pendiente de la nueva Constitución. Cuando lo haga, el plazo para ponerse de acuerdo será definitivo, ya que luego de votado el asunto –un artículo sobre el latifundio– no habrá posibilidad legal o política de alterar el texto aprobado en diciembre pasado. Luego de eso, el futuro político del país estará nuevamente en las calles y las urnas.