Desde San Pablo

Sin corbata y con chaqueta de cuello “Mao”. El presidente Lula da Silva recela tanto del movimiento separatista de Bolivia como de los rumores sobre descontento militar en aquel país. Acaso fue para demostrar su preocupación ante la inestabilidad boliviana y en solidaridad con su homólogo Evo Morales que el viernes pasado Lula participó de una ceremonia en el Palacio del Planalto luciendo un saco típico boliviano, con motivos anaranjados en el pecho y el cuello. Fue un gesto apenas simbólico: Lula evitó pronunciarse sobre el referéndum para evitar que la Presidencia sea acusada nuevamente de injerencia en los asuntos internos bolivianos.

Marco Aurelio García, principal consejero internacional de Lula, fue declarado persona no grata por los dirigentes santacruceños después de publicar un artículo en que juzgó a las “clases dominantes” bolivianas como “parasitarias y rentistas” culpándolas por el “drama de la polarización social”. En ese mismo trabajo, publicado en Teoría y Debate, revista de análisis ligada al oficialista Partido de los Trabajadores, García postulaba que la redacción de una nueva Constitución era la traducción institucional de la “irrupción de los sectores populares” a la vida política potenciada por la llegada de Morales al Palacio del Quemado.

Lula había recibido la chaqueta andina de manos de su colega, el 17 de diciembre pasado, durante la cita que formalizó el deshielo de la relación crispada por la nacionalización de los hidrocarburos el 1 de mayo de 2006. La ocupación militar boliviana de dos refinerías de la petrolera Petrobras indignó a Lula y embraveció a la burguesía brasileña. El mandatario dejó trascender su decepción política con su “compañero” Morales, pues éste no le habría adelantado su decisión de ocupar las plantas petroleras. Para el empresariado, en cambio, Morales había quebrado un contrato que les garantizaba energía subsidiada durante la próxima década y perpetrado una “afrenta” al “interés nacional brasileño”. Líderes autonomistas bolivianos fueron recibidos en la Federación de Industrias de San Pablo (Fiesp) que, junto a la prensa, denunció una campaña contra los grandes productores sojeros brasileños “amenazados” por la administración boliviana empeñada en poner límite a los latifundios.

Con todo, la lectura dada al proceso boliviano por el empresariado y la prensa, parece haber tenido un discreto cambio en los últimos meses.

Editoriales publicados recientemente en los diarios paulistas de más peso muestran preocupación ante el fantasma secesionista. El riesgo de una fractura territorial encabezada por Santa Cruz, Beni y Pando, departamentos que sumados tienen 3300 km de frontera con Brasil, sería el peor escenario y constituiría un nuevo Kosovo en una zona vital para la seguridad nacional brasileña.