El sector del transporte de mercancías en España en particular, y en Europa en general, tiene algunas particularidades que explican en cierta forma la magnitud de la crisis. Por un lado, salvo honradas excepciones, no es un sector económico extremadamente concentrado, sino que se halla en manos de pequeños propietarios que se asocian para defender sus intereses en medio de una maraña de leyes y regulaciones económicas extremadamente rígida. De hecho, una de las reivindicaciones a las que finalmente el gobierno de Zapatero cedió exigía poder adaptar las tarifas a la suba de los combustibles de modo automático sin tener que pasar por la burocracia habitual. Aunque el verdadero problema al que se enfrentan es el poder que ejercen sobre ellos los sectores de la distribución mayorista, léase supermercados, grandes superficies, etc., que tienen el poder suficiente para obligarlos a trabajar al límite de las ganancias aceptables y que son los que finalmente se apropian de los mayores márgenes de ganancias del comercio en general. Contra este sector también despotrican desde hace tiempo los productores de frutas y verduras, que se quejan de los precios bajos que reciben por ellas, en muchos casos 8, 10 y hasta 20 veces por debajo de lo que luego paga el consumidor final. El temor de los transportistas a la verdadera bestia negra en todo este asunto, o tal vez su propia miopía, impidió que en la huelga que comenzaron el lunes este tema estuviera vigente. Y de ese modo perdieron también la posibilidad de ganar aliados en la lucha. El gobierno socialista, a pesar de que conoce muy bien por dónde flaquea la cadena de la distribución, sigue optando por hacer la vista gorda. Aunque si la inflación sigue apretando en algún momento, y nunca mejor dicho, alguien deberá tomar el toro por los cuernos.