Aura Elena Farfán es la fundadora de la organización de Familiares de detenidos desaparecidos de Guatemala, y una de las que impulsó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la denuncia por la masacre de Las Dos Erres, de diciembre de 1982. La semana pasada, la Comisión decidió tomar el caso en sus manos e impulsar su tratamiento ante la Corte Interamericana. “Empujamos la denuncia porque no existía la voluntad política de investigar, sobre todo de señalar a los militares que aún están en el poder”, dice Aura. Famdegua buscó la primera intervención de la Comisión en la década del ’90 y para el 2000 logró un acuerdo con el gobierno. Su país debía investigar, dar apoyo psicosocial a las víctimas, dar una reparación económica por las perdidas y generar un documental, pero buena parte de los compromisos no se cumplieron. En 2001, la colección de pruebas de parte de los organismos se consolidó con el testimonio de dos arrepentidos civiles que participaron de los operativos y fueron aceptados por la Comisión como prueba anticipada. Ellos señalaron a 16 militares, pero la Ley de Reconciliación Nacional de diciembre de 1996 los preservó de las responsabilidades. Como Guatemala no cumplió con sus obligaciones, el proceso ante la Comisión volvió a activarse. La semana pasada, la CIDH pidió a la Corte Interamericana que ordene a Guatemala que haga una investigación especial, rigurosa, imparcial y efectiva de la masacre de Las Dos Erres, y que juzgue y sancione a los responsables. Pero en la práctica significa que el caso fue tomado por la Corte con audiencias que empezarán en noviembre. “Estamos satisfechos con que lo haya tomado la Corte porque para nosotros es un caso paradigmático porque es el primero sobre el que existen elementos bien fundados de la masacre, con sobrevivientes, testigos, familiares.”