Tres noticias coinciden sobre una misma página del periódico con que desayuno. Aparentemente inconexas, las tres sumadas dibujan una crónica fantasma, no escrita ni publicada. La primera da cuenta del juicio contra el ex soldado norteamericano Steven Dale Green, que se enfrenta a la pena de muerte tras ser considerado culpable de haber violado a Abeer Qassim, una niña iraquí de 14 años antes de matarla, y de haber asesinado a tiros a su hermana de seis años y a sus padres, cerca de Bagdad en 2006. Otros tres militares que participaron en la matanza han sido condenados a penas de cárcel entre 90 y 110 años, por un juzgado popular de Kentucky. Porque el ejército norteamericano nunca quiso sentarlos en un banquillo de acusados y se limitó a expulsar de sus filas a Green, arguyendo que había sufrido “una alteración psicológica”.

Los jefes inmediatos de aquel pelotón de criminales castrenses jamás fueron cuestionados. Tampoco, los oficiales superiores que planificaron las operaciones; ni mucho menos, el mando supremo que dirigió la guerra ni los políticos que la declararon. El periódico no creyó necesario recordar a sus lectores que todos ellos acaban de recibir garantías de impunidad por parte de Obama, pese a ser quienes determinaron centenares de miles de muertes y convirtieron en criminales a tantos jóvenes como ese pobre imbécil 24 años, llamado Steven Dale Green, y a los tres compañeros de armas con quienes compartía sueños patrióticos.

La segunda noticia habla del largo centenar de civiles muertos por un bombardeo de la fuerza aérea norteamericana, contra “edificios sospechosos de dar cobijo a talibanes”, en la localidad afgana de Bala Buluk. Un eslabón más en la cadena de atrocidades que continúan produciéndose sin causar demasiado escándalo ético en el mundo. Otro crimen de guerra, cuyos autores también pueden dormir tranquilos: no serán procesados por ningún tribunal como el de Kentucky.

La tercera noticia informa sobre la dimisión de Louis Caldera, el jefe de la Oficina Militar de la Casa Blanca. La responsabilidad que pretende asumir con su cese se limita a haber autorizado un vuelo a baja altura del avión presidencial Air Force One, que provocó un cierto grado de alarma en Manhattan. Algo que resulta intolerable y, al parecer, políticamente muchísimo más grave que la matanza de Bala Buluk.

Hay una cuarta noticia de la que no me entero por los periódicos, sobre la que han pasado de puntillas las grandes agencias de Prensa: en una siniestra prisión de Libia ha muerto Ali Mohamed al Fakheri, más conocido por su nombre de guerra, Ibn al Sheikh al Libi. Detenido en Pakistán, acusado de ser responsable de un campo de entrenamiento de Al Qaida en Afganistán, su falso testimonio –obtenido bajo tortura– permitió a Colin Powell argumentar en la ONU, en nombre de la administración Bush, que Irak servía de base a los terroristas de Bin Laden. Tras pasar por los calabozos del barco “USS Bataan” y la cárcel secreta de Diego García, fue transferido a las prisiones “por delegación” de Egipto y, finalmente, de Libia. Allí ha muerto, debilitado por la tortura, diabético y tuberculoso. Su cuerpo ha sido entregado a un hermano suyo, en la ciudad de Jdabia. A nadie en Washington ni Londres convenía que viviera.

A ninguno de sus centros de poder conviene, tampoco, que se airee la noticia de la muerte de uno de los muchos “prisioneros fantasma”, que permanecen desaparecidos en cárceles de distintos países cómplices en la llamada guerra contra el terrorismo.