En Argentina los derechos de los pueblos indígenas se encuentran reconocidos en la Constitución desde 1994, pero poco y nada se hizo para efectivizar el cumplimiento de esos derechos. ¿Cómo se empieza?

–Sin dudas el Gobierno debe tomar cartas en el asunto. Siempre, y más aún cuando se busca revertir injusticias históricas, se trata de una cuestión de voluntad y acción política, que permita crear un marco legal a través del cual se pueda avanzar en la resolución de los conflictos existentes.

–¿Usted imagina a los grandes propietarios de la Patagonia acatando un fallo y entregando sus miles de hectáreas a una comunidad mapuche?

–(Sonríe.) Ciertamente son casos complicados, y en particular la propiedad sobre la tierra es una cuestión difícil sobre la cual fallar. Es evidente que, más allá de la usurpación y el atropello histórico, usted se va a encontrar con gente que tiene su título de propiedad desde hace décadas y que compró esas tierras de buena fe.

–Pero el problema es la usurpación originaria...

–Es claro; sin embargo, muchas veces el sentido práctico de la Justicia obliga a encontrar soluciones de compromiso. Uno se pregunta: ¿se expropia o se paga una indemnización? No es fácil. Y aun, existen otras vías a mi entender muy interesantes, que consisten en evitar el problema del título de propiedad y, en lugar de ello, garantizar el acceso a la tierra. Es decir, un juez perfectamente podría fallar que determinada comunidad indígena pueda acceder a ciertas tierras, cazar y pescar en ellas, y por supuesto desarrollar sus prácticas culturales sin por eso tener que traspasar un título de propiedad. No digo que sea el modelo ideal, pero en algunos casos funciona.