Los empresarios que apoyan al régimen hondureño se devanan los sesos con tal de llegar hasta las elecciones del 29 de noviembre. Adolfo Facussé, el presidente de la poderosa Asociación Nacional de Industriales de Honduras (ANDI), propone una fórmula mercantilista para paliar el abstencionismo. La explicó sin disimulo: “Estamos pensando en una iniciativa para entusiasmar a los votantes, de manera que demos un descuento en todos lo negocios a los que voten, que vayan allí con el dedo pintado y tengan un descuento automático en cualquier compra que hagan en cualquier parte del país”. Deportado a mediados de este mes desde Miami junto a otros hombres de negocios que respaldaron el golpe de Estado, se considera amigo de Manuel Zelaya y lo único que le reprocha –aclara– es que quiso reformar la Constitución. La ANDI que él lidera y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) al que está afiliada ya habían deslizado lo que harían cuando el presidente legal aumentó el salario mínimo de los trabajadores en un 60 por ciento.

“La empresa privada hondureña desconoce su propia fuerza y hasta ha sido calificada de débil, timorata, asustadiza, renuente a asumir riesgos, sumisa al gobierno, etc. Como ahora se trata de la necesidad inevitable de adoptar medidas que nadie hubiera querido o de cerrar las empresas, y al insulto se le quiere sumar la amenaza, el presidente Zelaya y sus acólitos en el movimiento sindical están obligando a los empresarios a defenderse y, sin quererlo, van a despertar al tigre.” Este es el último párrafo de unas recomendaciones que la ANDI le hizo al sector industrial el 3 de enero de 2008.

A lo largo de 18 páginas, la asociación sugería otras ideas para resistir el incremento del sueldo mínimo a 5500 lempiras (unos 291 dólares): “Alguna medida de protesta impactante, como sería un paro general”, “abrir sucursales en países vecinos como Nicaragua”, que tiene salarios sensiblemente más bajos”, organizar políticamente a los trabajadores para que “sepan votar por los candidatos o por el partido político que mejor defienda los intereses de las personas que carecen de empleo o que tienen que subsistir con trabajos en el sector informal” y hasta “aplicar un sistema de castigo en lugar de incentivos, o sea, sancionando o incluso despidiendo al trabajador que no alcance el rendimiento que tiene actualmente...”

En línea con esta visión utilitaria, Facussé justificó su iniciativa para las elecciones fraudulentas de noviembre: “Lo importante es fortalecer la democracia y vencer el abstencionismo, mientras tanto (los votantes) analizan las propuestas de los políticos”, le dijo al periódico hondureño La Tribuna el 9 de este mes.

Unos días después, el presidente de la ANDI era deportado desde Miami, adonde había viajado para reunirse con senadores republicanos del estado de Florida con el propósito de darles su versión sobre la conflictiva situación que se vive en Honduras. Facussé es uno de los miembros del clan que encabeza Miguel Facussé Barjum, alias Tío Mike, un magnate de la industria de la palma y que también integra Carlos Flores Facussé, ex presidente de la nación entre 1998 y 2002 y propietario del diario La Tribuna. A todos ellos se los vincula con el golpe del 28 de junio.

Un afiche en el que son mencionados los tres junto a más empresarios y que parodia al Cohep con la imagen de un gorila vestido de saco y corbata, y que porta un arma, circuló por Internet en Honduras y fue recibido en la Cámara empresaria el 18 de agosto. Dice “Seminario sobre gestión eficiente de Golpes de Estado” y debajo está la fecha del día en que a Zelaya lo secuestraron en pijama. Esta circunstancia, más los graffiti que aparecieron en Tegucigalpa contra los empresarios partidarios del régimen y una serie de ataques contra locales de comidas rápidas, hicieron que el Cohep los interpretara como “un clima hostil hacia la empresa privada”. Y se los atribuyó a grupos que “han señalado en los medios de comunicación dónde viven los empresarios y sus familias, con el objeto de que sean blanco de ataques en contra de su integridad física”.

Inquietos por cuestiones que se les antojan vitales, como el derecho a la propiedad privada y al desarrollo (hasta agosto estimaban que por las protestas para restituir en la presidencia a Zelaya el sector había perdido 3500 millones de lempiras, casi 185 millones de dólares), dieron a conocer sus conclusiones sobre lo que sucede en Honduras. Una de ellas, bajo el subtítulo de “Daño a la imagen y seguridad nacional”, señala: “El sector privado nacional lamenta y condena que grupos dañen la imagen pública de organizaciones empresariales, empresarios y directivos del sector privado, acusándolos en forma gratuita y temeraria, incitándose al odio y al desprecio público de personas de origen extranjero”. Los Facussé son de origen árabe.