El PRD en la Cámara de Diputados anunció que presentará una controversia constitucional porque, para tomar una decisión de ese tipo, Calderón requería la aprobación del Congreso de la Unión.

La fracción legislativa del PRI advirtió que Calderón “debe asumir las consecuencias políticas, económicas y sociales de su determinación”, a la cual identificó con una política de desmantelamiento de las instituciones del Estado. El oficialista PAN calificó de “histórica, necesaria, oportuna y valiente” la decisión del presidente de extinguir Luz y Fuerza del Centro, mientras la Asociación de Banqueros de México y las cámaras empresariales apoyaron la medida de Calderón.

En contraparte, varias centrales obreras condenaron el abierto ataque a todo el movimiento democrático sindical del país y denunciaron la manifiesta intención del gobierno federal de privatizar la energía eléctrica. El sindicalismo democrático independiente, agrupado en la Unión Nacional de Trabajadores, cerró filas en torno del Sindicato Mexicano de Electricistas. El presidente colegiado de esta organización, Francisco Hernández Juárez, dirigente de los trabajadores de Telmex, no descartó que recurran al emplazamiento a huelga colectivo en apoyo del SME, como establece la Ley Federal del Trabajo.