Las FARC tomaron distancia del asesinato del gobernador Cuéllar, a quien acusaron de financiar a grupos paramilitares, apenas horas después de que la comunidad internacional y organizaciones de derechos humanos condenaran el asesinato y se abriera el debate sobre el proceso de liberaciones unilaterales anunciado por el grupo insurgente.

Los rebeldes acusaron a Cuéllar de financiar a los grupos paramilitares, por lo que –agregaron– “no era un simple civil”, sino que “participaba en el conflicto armado”. “Sea quien fuere el autor del hecho, el gobernador no era un santo. Participaba activamente en la guerra”, señalaron los insurgentes en un comunicado difundido por la agencia Anncol, habitual vocera de la organización. La principal guerrilla colombiana remarcó que no se descree de que, “en cuestión de horas, el presidente (Alvaro Uribe) y su régimen hayan establecido que las FARC son las autoras del hecho, sin mostrar ni siquiera una sola prueba”.

Tras secuestrar a más de veinte políticos, de los cuales once murieron en un enfrentamiento nunca aclarado, los demás fueron liberados por los rebeldes o rescatados por el ejército. El grupo armado tiene todavía como rehenes a veinticuatro militares y policías.

El fiscal general de Colombia, Guillermo Mendoza, anunció ayer que su institución investigará el secuestro y el asesinato de Cuéllar como una violación del Derecho Internacional Humanitario. Mendoza afirmó que el caso puede incluso ser investigado por la Corte Penal Internacional, si la Justicia colombiana no se esfuerza por capturar y castigar a los responsables, que según el gobierno eran miembros de las FARC.

Aunque la guerrilla no se haya adjudicado la muerte del gobernador de Caquetá ni el gobierno de línea dura con la insurgencia haya exhibido los elementos para culpar a la organización, todos los funcionarios consultados por la prensa local dieron por hecho que las FARC estaban detrás del crimen.