Valencia afronta la crisis con más dificultades que otras grandes ciudades españolas, como Madrid, Barcelona o Sevilla, no sólo porque el desempleo es más fuerte, sino porque su intendencia se encuentra menos preparada para enfrentar las consecuencias sociales de la debacle económica. En manos del ala más conservadora del Partido Popular, la ciudad está gobernada desde 1991 por Rita Barberá, que obtuvo en las últimas elecciones municipales de 2007 el 57,45 por ciento de los votos y cuenta con 21 de los 33 concejales que componen el pleno del Ayuntamiento. Al igual que han hecho en el gobierno regional, que está en manos del PP desde 1995, los conservadores no han puesto en práctica políticas sociales intensas, sino más bien han desmontado los escasos instrumentos con los que contaban las instituciones para este tipo de situaciones críticas. Lo prologando de la crisis actual amenaza con generar un grave problema a la administración pública local, ya que cuando la gran parte de los más de medio millón de desempleados que viven en la Comunidad Valencia se empiecen a quedar sin subsidio estatal, deberán ser los ayuntamientos los que se tengan que hacer cargo de su sostén. Actualmente, la intendencia valenciana sólo apoya financieramente a un grupo pequeño de personas, consideradas “pobres estructurales”, pero los funcionarios reconocen que no tienen ni la estructura ni el presupuesto para hacerse cargo de la avalancha de demandas que comienzan a llegarles a medida que la crisis se alarga.