Treinta años después del asesinato, los salvadoreños no conocen aún la identidad del hombre “alto, moreno, barbado” que el 24 de marzo de 1980 se detuvo en el umbral de la capilla del Hospital de la Sagrada Providencia, levantó un arma calibre 25 cargado con balas expansivas y disparó un solo tiro. El proyectil impactó justo en el pecho del arzobispo de San Salvador Oscar Arnulfo Romero, que en ese momento levantaba el cáliz, consagrando la eucaristía. El sicario –ahora se sabe– recibió mil colones (400 dólares en aquel tiempo) por la faena.

Un día antes, Romero había pronunciado una homilía con la que pretendía frenar la guerra civil que ya se precipitaba en su país: “En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno: cesen la represión”.

Durante los 12 años que siguieron, El Salvador vivió envuelto en una guerra que hoy, todavía, mantiene abiertas muchas heridas en esa sociedad. Una de ellas, muy compleja, es la impunidad que persiste en torno de los muchos crímenes considerados de lesa humanidad que se cometieron.

En estas tres décadas hubo en El Salvador un primer juicio por el asesinato de Romero, en 1987. El presidente de la Suprema Corte de entonces, Francisco Guerrero, determinó dar carpetazo porque “el caso ya era viejísimo”.

El juzgador era íntimo amigo del mayor Roberto D’Aubuisson, quien había creado un partido de ultraderecha, Frente Amplio Nacional. Este contaba con un brazo paramilitar, los llamados “escuadrones”, que asesinaban a “los comunistas” que el mayor, desde un programa de radio semanal, amenazaba abiertamente, citándolos con nombres y apellidos. Poco después de ordenar el asesinato de Romero, D’Aubuisson fundó el partido político que gobernó al país durante 20 años.

En 2000, por una denuncia interpuesta por Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador, la Comisión Interamericana culminó una detallada investigación sobre el caso y concluyó que el Estado salvadoreño fue responsable de este asesinato. En 2004, un tribunal de San Francisco, California, abrió un nuevo juicio. Las investigaciones comprobaron que D’Aubuisson ordenó el asesinato –un plan que denominó Operación Piña–, organizado por su lugarteniente, el capitán de la fuerza aérea Rafael Alvaro Saravia, único sobreviviente del grupo homicida. Desde entonces vive prófugo.

Nunca nadie fue juzgado en su país. Se sospecha que de los seis participantes del comando (un chofer, cuatro escoltas y el tirador), cinco fueron asesinados años después en distintos episodios.

Recientemente, en una entrevista con el periódico digital El Faro, Saravia reconoció que recibió la orden de D’Aubuisson: “Hacete cargo”, le dijo. Y lo hizo. El fundador de Arena (Alianza Republicana Nacionalista) falleció en 1992, poco después de haberse firmado la paz en El Salvador, de un cáncer de lengua.

Este miércoles se espera que el presidente Mauricio Funes pronuncie la esperada súplica de perdón en nombre del Estado salvadoreño por esta ejecución extrajudicial. Anteriormente, desde noviembre, su gobierno –que al vencer a Arena en las pasadas elecciones rompió la hegemonía de 20 años de gobierno de ultraderecha– había reconocido la responsabilidad del Estado, acatando una de las resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Queda pendiente aún la recomendación que ordena un proceso jurídico para investigar, juzgar y sancionar a los responsables. El gobierno de Funes, sin embargo, se declara formalmente impedido de avanzar en este sentido por la ley de amnistía de 1993, poco después de la firma de los acuerdos de paz. Y aquí radica el meollo del debate actual sobre los derechos humanos en El Salvador.

El movimiento social y de derechos humanos, secundado por organizaciones como Amnistía Internacional, demanda que el Ejecutivo y el Legislativo deroguen la ley de 1993, que en su momento fue pactada por el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) y Arena como una forma de transitar hacia la conciliación.

* De La Jornada de México. Especial para Página/12.