Un juez ordenó ayer encarcelar a un ex alto funcionario del gobierno colombiano dentro de la investigación por el espionaje ilegal a magistrados, políticos opositores y periodistas críticos del Ejecutivo, según un fallo leído en audiencia pública.

La decisión involucra al ex director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Mario Aranguren, y al jefe operativo de ese organismo adscripto al Ministerio de Hacienda y encargado de detectar posibles operaciones de lavado de activos. A los dos ex funcionarios se les imputan los cargos de asociación para delinquir, abuso de autoridad y prevaricato.

Según el fiscal del caso, los dos ex funcionarios establecieron una empresa criminal en conjunto al servicio secreto colombiano Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) para desprestigiar a algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

De acuerdo con las investigaciones, los acusados suministraron información financiera de algunos magistrados, dentro de una campaña dirigida a desprestigiarlos y en la que están involucrados ex altos funcionarios del DAS. Cinco de esos responsables están siendo enjuiciados por asociación para delinquir, prevaricato por acción, abuso de función pública y violación ilícita de comunicaciones agravada.

La Fiscalía investiga las escuchas y seguimientos ilegales revelados por la prensa a principios de 2009 y que involucran directamente al DAS, que depende de la presidencia. El escándalo de las “chuzadas” salió a la luz cuando una revista publicó declaraciones de ex funcionarios del DAS sobre seguimientos y escuchas ilegales. En ese momento se denunció que el presunto “espionaje” se realizó contra líderes de la oposición, magistrados, periodistas y defensores de derechos humanos, entre otros afectados. Incluso un ex detective del DAS reveló que el ahora favorito para ganar la segunda vuelta electoral Juan Manuel Santos –en su cargo de ministro de Defensa– conocía el espionaje que se hacía contra embajadores extranjeros en Colombia, pero luego el director de la central de Inteligencia lo desmintió.

Hasta ahora, la Fiscalía ha llamado a juicio a cinco ex funcionarios del servicio secreto, investiga actualmente a cuatro ex directores del organismo y citó recientemente a declarar a Bernardo Moreno, secretario general del presidente Uribe.

La Corte Suprema de Justicia de Colombia consideró la semana pasada imprescindible identificar quién dio la orden de las “chuzadas” en el caso, que calificó como una “conspiración del Estado”. La oposición acusó al gobierno de estar detrás de ese espionaje, versión rechazada por el Ejecutivo.