Portugal quedó paralizado ayer por la huelga general –la primera convocada por la Asociación General de Trabajadores de Portugal (AGTP) y la Unión General de Trabajadores (UGT), las dos grandes centrales sindicales en más de 20 años– y que tuvo el objetivo de mostrar el rechazo al estricto ajuste económico que presumiblemente votará mañana el Parlamento luso. Según el gobierno, el anunciado ajuste será “fundamental” para evitar la bancarrota del endeudado país de la eurozona. Sindicatos del sector público y privado sumaron fuerzas para el paro de 24 horas con un impacto del 85 por ciento, que emula protestas realizadas este año en otros países europeos que tienen el euro y que con gobiernos forzados a impopulares medidas de austeridad, como Grecia –que debió pedir ayuda económica externa– y Francia.

El transporte público y el aéreo se vieron seriamente afectados por la huelga. Más de las terceras partes de los servicios de trenes se cancelaron, así como el 60 por ciento del de colectivos urbanos y de larga distancia. El subte de Lisboa no funcionó y los transbordadores de la capital se quedaron en sus atracaderos. Fuentes de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) informaron que el 77,3 por ciento de los vuelos entre España y Portugal fueron cancelados por la huelga.

La medida de fuerza también afectó la actividad de bancos, los medios de prensa y estaciones de servicio. Líderes sindicales dijeron que la huelga tuvo un “impacto masivo” en el sector privado, en particular en el automotriz. En la planta de Volkswagen Autoeuropa ubicada cerca de la norteña ciudad de Oporto, la mayor planta exportadora del país, el ausentismo de los empleados fue mayor al 90 por ciento, según delegados sindicales. “La movilización de los trabajadores es enorme”, dijo Manuel Carvalho da Silva, jefe del sindicato CGTP, el mayor del país.

La huelga comenzó a la medianoche del martes con miembros de sindicatos que levantaron piquetes en todo el país, incluyendo los accesos del aeropuerto internacional de Lisboa.

Sin embargo, estuvieron funcionando en parte los servicios mínimos estipulados en la ley de huelgas, tales como urgencias médicas, energía y abastecimiento de combustibles y agua, bomberos y los de las profesiones a las que la ley no permite adherir a la huelga: militares, fuerzas de seguridad, jueces y diputados.

Los sindicatos reaccionaron así a los planes del gobierno de implementar un drástico recorte de gastos y un aumento de impuestos para ahorrar 6850 millones de dólares. El paquete de austeridad, que se debate actualmente en el Parlamento, tiene por meta reducir el déficit del actual 9,6 por ciento del PBI a 7,3 por ciento el año próximo, a fin de disipar los crecientes temores internacionales por el estado de las finanzas portuguesas.

Sin embargo, este déficit ha subido en un 2 por ciento, mientras que el proyecto de Presupuesto prevé un aumento del 1,3 por ciento de la economía. La deuda de Portugal asciende al 82 por ciento del PBI, un 30 por ciento superior al de hace 5 años.

El principal partido opositor del país dijo ayer que no bloqueará el Presupuesto 2011 del gobierno, lo que allana el camino para su adopción, prevista para mañana. Pero los sindicatos dicen que los recortes son intolerables, sobre todo si provienen de un gobierno socialista, como el que lidera el primer ministro José Sócrates. “Es inaceptable que los trabajadores estén haciendo todos estos sacrificios”, dijo el líder sindical Joao Proenca. “No podemos aceptar que la primera, segunda y tercera prioridad de Portugal sea el déficit”, dijo Proenca, en alusión al desempleo del 10,9 por ciento, que está en su mayor nivel histórico.

En tanto, la Unión de Sindicatos de Lisboa acusó a la policía de agredir a los huelguistas de Correos, Teléfonos y Telégrafos (CTT) del sector capitalino de Cabo Ruivo, hecho negado por el comando, que dice haberse limitado a garantizar que los funcionarios que deseen entrar a su puesto de trabajo pudieran hacerlo.