Un periodista egipcio de 36 años, Ahmed Mohamed Mahmud, herido por impacto de bala durante las manifestaciones contra el presidente Hosni Mubarak, falleció ayer tras permanecer cuatro días en coma. Según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), con sede en Nueva York, Mahmud es el primer periodista en perder la vida desde que el 25 de enero comenzó la revuelta popular contra el régimen del presidente egipcio Hosni Mubarak. El reportero, que trabajaba para el periódico Al Taawun, editado por la fundación pública Al Ahram, fue alcanzado por un disparo de un francotirador la semana pasada, cuando tomaba fotografías desde su apartamento, situado cerca de la plaza Tahrir de El Cairo, epicentro de las manifestaciones antigubernamentales. El CPJ registró en una semana al menos 101 ataques directos a periodistas o a los locales de los medios de comunicación. “Resulta asombroso que el gobierno siga enviando vándalos y policías de paisano para atacar a periodistas y saquear las oficinas de los medios de comunicación”, declaró Mohamed Abdel Dayem, coordinador del CPJ para Oriente Medio y el norte de Africa.

Numerosos periodistas extranjeros fueron golpeados, detenidos o intimidados el miércoles y el jueves. El Ministerio de Información egipcio señaló anoche que las afirmaciones de que las autoridades estaban detrás de los ataques a periodistas eran “falsas”. En un comunicado, el ministerio declaró que “los actos violentos contra los periodistas o contra quienquiera que sea son inaceptables. Los medios de comunicación internacionales han sido y siguen siendo los bienvenidos en Egipto. Actualmente hay más de mil periodistas internacionales en el país”. Por su parte, la Unesco recibió información de que hubo reporteros golpeados, detenidos y muertos, equipos confiscados, ausencia de libertad de movimientos y redacciones incendiadas o vandalizadas, según declaró Irina Bokova, directora general de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura. “Acallar a la prensa o tratar de intimidarla es un ataque inaceptable al derecho de los ciudadanos a estar informados”, señaló la Unesco en un comunicado.