Hacía mucho tiempo que en Chile no se veían movilizaciones masivas como las que en los últimos tres meses ha convocado el movimiento estudiantil, que articula tanto a los universitarios como a los estudiantes secundarios. En estas movilizaciones estudiantiles, llama profundamente la atención la convicción y el énfasis de los estudiantes en la necesidad de un sistema de educación pública gratuito.

Sin embargo, el tema de fondo no es si la educación debe ser gratuita o paga, la cuestión es que estamos frente a dos modelos de financiamiento de la educación. Por una parte, el viejo y obsoleto sistema de educación financiada privadamente con aranceles pagados por las familias, en donde se permite lucrar con fondos públicos y que privilegia la libertad de empresa sobre el derecho a la educación, que ha demostrado ser ineficaz e ineficiente, pues no ha mejorado la calidad de la educación ni tampoco su acceso a costos bajos y razonables. Frente a este sistema, está el modelo de educación obligatoria financiada por el Estado, con fondos provenientes de la recaudación tributaria y/o del royalty aplicado a la explotación de los recursos naturales. Efectivamente, podría entenderse como un sistema gratuito, pues no se pagan aranceles, pero la sociedad invierte sus impuestos y sus recursos productivos en su financiamiento. El sistema público es la norma general a nivel mundial. Lo aplican países socialistas como Cuba y países capitalistas como Bélgica, Argentina, México, Finlandia y muchos otros.

Ahora bien, la demanda estudiantil de una educación pública financiada por el Estado no solo es justa, sino total y absolutamente realista. Más aún, nunca como hoy en la historia de Chile ha sido una demanda tan cabalmente ajustada a la realidad económica y financiera del país. En primer lugar, Chile hoy tiene uno de los ingresos per cápita más altos de América latina. No obstante, en nuestro país las familias deben pagar voluminosos recursos para educar a sus hijos, dejando una estela macabra de endeudamiento y malestar al inicio de la vida laboral de los jóvenes, mientras en el resto de los países latinoamericanos, el Estado –cual más, cual menos– asume la tarea de financiar la educación pública.

Es más, en los años sesenta, cuando Chile tenía un ingreso per cápita siete veces inferior al de hoy, es decir, cuando éramos siete veces más pobres, en el sistema público de educación se accedía sin pagar aranceles o colegiaturas. Cabe recordar que, en la década del sesenta, nuestras exportaciones de cobre escasamente llegaban a los 550 millones de dólares. Es importante este dato, puesto que los retornos del cobre contribuían al presupuesto de la Nación, con el que se financiaba la educación pública. Hoy en día, las exportaciones mineras llegan a la estratosférica suma de los 44 mil millones de dólares, es decir, 80 veces más de lo que se exportaba cuando el país aseguraba una educación pública para todos y sin pagar aranceles o matrículas.

Obviamente, aquí no se trata de una restricción o limitación de recursos. El tema de fondo es ¿por qué razón el país se permite entregar 30 mil millones de dólares anuales a las empresas multinacionales que explotan el cobre y no puede hacerse cargo de los 20 mil dólares que aproximadamente –-y en promedio– cuesta una carrera universitaria de cinco años? ¿Por qué el país se permite el lujo de ser una de las economías más extranjerizadas del mundo, con una inversión extranjera equivalente al 70 por ciento del PIB, cuando a nivel mundial el promedio no supera el 30 por ciento? Lo anterior no es un dato menor, dado que entre 1999 y el 2009, las utilidades obtenidas por la inversión extranjera superaban largamente el total del capital extranjero invertido entre 1974 y el 2008.

Estas cifras nos muestran claramente que el problema no es la disponibilidad de recursos, sino que estamos frente a la cuestión de cómo se están asignado éstos, de cuáles son las preferencias políticamente establecidas, en donde los intereses del capital, los beneficios lucrativos de las empresas multinacionales, son más importantes que el derecho a la educación. Y esto es fundamentalmente una cuestión de orden político.

* Economista y docente de la Universidad de Chile.