Desde El Cairo

Pocas sociedades tienen una relación de simbiosis con el ejército tan intensa como Egipto. La institución detenta poderes simbólicos, históricos, políticos y económicos de un alcance poco común que lo convirtieron en la columna vertebral del país, en un Estado dentro del Estado y en uno de los grupos de poder económico más importantes del mundo. Egipto es, en realidad, un Estado-Ejército. En enero pasado, en plena revuelta de la plaza Tahrir, el Ejército era saludado como un héroe por los manifestantes debido a la engañosa posición de neutralidad que adoptó durante el derrumbe de la dictadura de Mubarak. Diez meses después, las cosas han cambiado y es el Ejército, y en especial el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas que dirige el país desde febrero pasado, el que es objeto del repudio de la población.

Los militares pasaron a través de la Revolución pero no salieron intactos de la transición: su esfuerzo por conservar el poder y el gigantesco tesoro económico que detentan arrinconó a las fuerzas armadas en una contradicción fatal. Desde el golpe de Estado de 1952 que puso fin al poder del rey Faruk, todos los presidentes egipcios salieron de los brazos del Ejército: Nasser, Sadat y Mubarak fueron oficiales. Sin embargo, fue el derrocado Hosni Mubarak quien, para garantizarse la lealtad de las tropas, le entregó a las fuerzas armadas la gestión de un voluminoso tesoro: entre industrias, bancos, turismo, agricultura, nuevas tecnologías y parque inmobiliario, el ejército egipcio controla el 25 por ciento del PIB (producto interno bruto) del país.

Como nunca están lejos de los desastres nacionales, Estados Unidos completó el panorama. Los créditos que Washington les otorga a las fuerzas armadas de Egipto desde la firma de los acuerdos de Camp David en 1972 ascienden a 1300 millones de dólares anuales. Con esa suma, los militares ampliaron el abanico de sus inversiones mucho más allá del ámbito de la defensa. El año pasado, cuando Wikileaks divulgó los telegramas confidenciales, los diplomáticos estadounidenses daban cuenta de que el ejército estaba al frente “de una red de empresas comerciales particularmente activa en los sectores del agua, el aceite, el cemento, la construcción, la industria hotelera, la distribución de combustible y un vasto parque inmobiliario en el delta del Nilo y las costas del Mar Rojo”. Con ese “ahorro”, nada extraño hay en el hecho de que los militares jueguen todas las cartas para conservar sus beneficios. Su originalidad proviene de un capítulo de la historia. Sometido a un embargo occidental y a la negativa de la ex Unión Soviética a ayudar a Egipto a modernizar su Ejército, Nasser montó una industria militar nacional muy eficaz. Los militares egipcios fabrican sus municiones, armas ligeras, tanques, aviones, barcos y cañones y venden ese material con mucho éxito en los países del Golfo Pérsico y en Africa. Las ventas de armas al extranjero representan un promedio anual de mil millones. Por sí sola, la industria militar pesa el 12 por ciento de los puestos de trabajo disponibles en el país. Según estimaciones de diplomáticos occidentales, la empresa Egyptian Army tiene una cifra de negocios de 5,5 mil millones de dólares por año. El 12 por ciento de los puestos de trabajo nacionales sólo atañen específicamente a la industria militar. Si se le agregan los otros sectores, el Ejército y sus negocios derivados pesa el 30 por ciento del empleo nacional. Tecnologías de punta, pesca, electrónica, industria agroalimentaria, infraestructuras viales, construcción, no hay sector donde las Fuerzas Armadas no estén presentes. El Ejército es el primer propietario inmobiliario en El Cairo, el primer constructor de rutas y casas, el primer apicultor, produce aceite de oliva y camisas, cacerolas, productos informáticos, juguetes y hasta pan. También distribuye medicamentos e interviene en el mercado agroalimentario cuando los precios del trigo o la harina provocan tensiones sociales. En suma, además de ser un actor político de primer plano, las Fuerzas Armadas son un interlocutor económico inevitable. Todo parece indicar que están dispuestas a dejar el poder político y organizar una transición, pero no a ceder la gestión de sus inmensas riquezas y perder así sus privilegios históricos.