Desde Quito

Hay por lo menos tres proyectos de ley en danza que la oposición frenó hasta ahora y a los que el nuevo Legislativo dará luz verde: de Agua, de Comunicación y de Cultura. También está pendiente el Código Integral Penal.

Dice el programa de gobierno que en los próximos cuatro años apuntará a establecer un nuevo modelo de acceso a las fuentes de agua, que redistribuya ese recurso vital mediante la construcción de sistemas públicos de calidad. Una suerte de agua para todos. En mayo de 2010, un sector de las comunidades indígenas se movilizó en las calles en contra del proyecto presentado por Alianza País. El analista Decio Machado señaló que los pueblos originarios rechazaron que se les elimine la capacidad de administrar el recurso, dado que sus juntas comunitarias pasarían a ser consultivas y la gestión la tendría el Estado central. “Es una pequeña cuota de poder que perderían los movimientos indígenas.” Ante los resultados electorales del domingo, la dirigencia indígena recibió un revés, destaca Machado. “Se abre un escenario en que el movimiento Packacutik verá muy complicado poder rearticular las movilizaciones.” Otra iniciativa que rechazan algunos dirigentes de los pueblos originarios, e inclusive algunos miembros del partido oficialista, es el desarrollo de la minería a gran escala, un asunto pendiente de este gobierno.

La reforma agraria es una de las deudas de Correa, advierte Jorge Núñez Sánchez. “Allí donde existen grandes latifundios, el gobierno ha sido cauteloso, no lo veo mal, pero debería avanzar. Hasta ahora fue repartiendo tierras con el fin de evitar que se anarquice la producción de alimentos.”

Entre los proyectos que desvela a la prensa opositora está el de la Ley de Comunicación, que les asigna un 33 por ciento del espacio a los medios públicos, un 33 por ciento al sector privado (en estos momentos posee casi el 85,5 por ciento del espectro) y el otro 34 por ciento a grupos comunitarios. La normativa no pudo salir adelante por la resistencia de la oposición en la Asamblea unicameral. Sus detractores cuestionan que se establezca la creación de un ente de regulación que controlaría la emisión de contenidos discriminatorios, sexuales y violentos.

La Ley de Cultura está olvidada en un cajón del Legislativo y esto se da, según los expertos, porque el tema de la cultura no reviste ningún marketing, aunque sea importante en el texto constitucional. Una de las principales recomendaciones que se la han hecho al proyecto es que mantenga la autonomía de la Casa de la Cultura.

A todo esto, el gobierno muy probablemente insistirá con una reforma del Código Penal Integral, que tipifica nuevos delitos y ordena la acumulación de penas.