Tan pronto el PT de Lula da Silva y de Dilma Rousseff comunicó oficialmente que lo condenaría en el Consejo de Etica de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha (foto) –cosa insólita en su larga carrera política– honró su palabra. A las puertas de ser procesado por el pleno de la casa que él preside, aceptó un pedido de apertura de juicio político que podrá fulminar el mandato que Dilma obtuvo en las urnas hace poco más de un año. Minutos antes de hacer el anuncio oficial, Cunha –cuyo partido, el PMDB, es el principal integrante de la alianza del gobierno, y ocupa, además de siete ministerios, la vicepresidencia de la Nación– llamó a algunos próceres de la agrupación.

Hay datos inquietantes. Michel Temer fue informado al menos veinte minutos antes del anuncio de Cunha, pero no advirtió a Dilma Rousseff. Si ella pierde el mandato, él asume.

Teóricamente, el gobierno cuenta con mayoría en la Cámara. Sin embargo, lo que se vio a lo largo del año es que los aliados no merecen ninguna confianza, empezando por el PMDB. En la noche de ayer, el núcleo más cercano a Dilma Rousseff se mostraba indignado con la alta dirección del PMDB. Es muy poco creíble que el diputado, intensamente presionado para que renuncie a la presidencia de la Cámara y logre preservar su mandato, hubiese adoptado la decisión sin haber previamente recibido algún tipo de aval de la alta dirección del partido.

Se fortaleció además la desconfianza de alguna especie de acuerdo espurio entre el PMDB y la oposición golpista.

Sin saber ciertamente en quién confiar, Dilma se lanza ahora a la batalla para que se respete la decisión popular que la llevó a su segundo mandato. Está acosada por todos los lados. Enfrenta una campaña mediática prácticamente sin precedentes en la historia reciente, ve cómo la Justicia y la Policía Federal son altamente selectivas en sus actuaciones, resguardando a estrellas de la oposición derechista. El escenario, que ya era difícil, se hizo complicadísimo.