El Supremo Tribunal Federal de Brasil ordenó que el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva vuelva a ser investigado por el juez de primera instancia Sérgio Moro, quien lleva adelante la causa por delitos vinculados con la corrupción entre la petrolera Petrobras, empresas de ingeniería y la financiación de campañas políticas. A su vez, los fiscales federales a cargo del proceso afirmaron tener pruebas para imputar al ex presidente por los favores que recibió de dos grandes empresas constructoras. La primera decisión fue tomada por el juez Teori Zavascki, quien sin embargo anuló como prueba el espionaje contra Dilma Rousseff (una conversación telefónica con Lula), filtrado a la televisión por Moro el 16 de marzo pasado, un episodio que aceleró la crisis y el juicio político contra la mandataria. De todos modos, este nuevo capítulo de la situación de Lula, que no está imputado ni procesado –apenas aparece mencionado en el expediente–, amenaza con cargarle más tensión a la crisis política brasileña, teniendo en cuenta que el ex presidente es uno de los favoritos a ganar las elecciones de 2018, según las encuestas.