La medida extrema de lock-out indeterminado de las cámaras empresarias sucedió en el marco de una ofensiva política de los sectores opositores. La reacción de la principal central sindical, aliada del Frente Amplio, de realizar un paro en defensa de la democracia fue el dato novedoso que se sumó ayer. El FA cerró filas reconociendo un móvil político en la huelga de los transportistas y los ganaderos, los sectores más favorables a que Uruguay impulse un TLC (Tratado de Libre Comercio) con Estados Unidos. El presidente Tabaré Vázquez, tras haber sido ambiguo sobre el tema en varias ocasiones, terminó por descartarlo. Esa decisión, como la de haber removido el jueves pasado al comandante del ejército, Carlos Díaz (que se había reunido en secreto con los líderes opositores), son datos que sirven para entender la actual coyuntura.

Hace un mes hubo un punto de inflexión entre el gobierno y la oposición cuando el Ejecutivo dejó atrás la posibilidad de firmar el TLC, que era impulsado por el ministro de Economía, Danilo Astori, quizás el hombre más afín a sectores del establishment dentro del gobierno y resistido por gran parte del izquierdista Frente Amplio. En diálogo con Página/12, el analista político Gerardo Caetano relacionó la situación militar con la huelga opositora. “Esta situación involucra la sujeción de las Fuerzas Armadas al poder civil y fue la destitución del comandante del ejército que se reunió con el líder opositor colorado, Julio Sanguinetti, el jueves pasado”. Tabaré nombró como nuevo comandante al general más joven, de 51 años, Jorge Rosales, que fue ascendido este año, con lo que salteó a los generales existentes. “Otro punto que provocó escozor en la oposición”, señala Caetano, quien dirige el observatorio político de la Universidad de la República. El experto va más allá al advertir que “el gobierno no ha tenido la cooperación de la oposición desde que asumió, cuando lo normal es que las rispideces sucedan después de los dos años. Esta es una situación inédita, que el amplio abanico de la derecha no colabore y, por otra parte, esté ausente de la administración pública”.

Desde el otro lado de la vereda, Ignacio Zuasnabar, analista político de la Universidad Católica y director del área de opinión pública de los Equipos Mori, señala que lo particular del caso es el apoyo sindical al gobierno. “La reacción de la principal central de trabajadores de Uruguay, la PIT- CNT, acusando a los transportistas y taxistas de atentar contra la democracia es el dato saliente de este conflicto” dijo a este diario desde Montevideo. “En gobiernos anteriores era impensable que el PIT-CNT hiciera esta fuerte jugada en defensa del gobierno.”

Otra fue la actitud de la PIT-CNT el 23 de junio pasado, cuando se movilizó frente al ministerio de Astori en el marco de un paro general parcial, reclamándole al gobierno que se anule la Ley de Caducidad y no se firme el TLC con Estados Unidos, entre otras demandas. El Frente Amplio ha avanzado en casos de derecho humanos en causas que son excepciones a esta amnistía decretada por la ley de Caducidad en el gobierno de Sanguinetti.

“El paro patronal está sobredimensionado y podría tener un efecto distinto en el interior de la alianza oficialista. El ministro (de Agricultura) José Mujica había prometido durante la campaña que el gobierno iba a impulsar un gasoil productivo, que tuviera precio diferencial. Pero la política que adoptó el gobierno fue restrictiva, castiga al sector productivo y pone en un brete a Mujica”, advirtió Zuasnabar. El analista suma otro elemento: el 12 de noviembre habrá internas para elegir autoridades del Frente Amplio y los comicios recalentaron la puja entre los sectores duros y moderados del FA.

Caetano no está de acuerdo. Para él el gobierno presenta un frente unido y la confrontación es de naturaleza económica. “Lo negativo para el país que se lo muestre con un perfil de confrontación entre oposición versus gobierno; fuerzas empresariales vs. sindicales”, opinó.

Los analistas coinciden en que se trata de un fenómeno coyuntural, que está dramatizado por ambas partes. El empresariado busca generar un marco de incertidumbre, pero puede volvérsele en contra en horas, ante una opinión pública que, principal castigada, lo empiece a condenar.