Rafael Correa tuvo un día agitado ayer. Asumió la presidencia, juramentó a su gabinete y firmó sus primeros decretos. Cumpliendo con lo prometido, convocó formalmente a una consulta popular para aprobar la creación de una Asamblea Constituyente con plenos poderes, es decir, con la capacidad de destituir al Congreso, al propio presidente y de reformar toda la Constitución. Como si no fuera suficiente, Correa se tomó su tiempo para homenajear a los mandatarios extranjeros que habían viajado a Quito para participar de la toma de mando.

Después de una larga ceremonia de asunción, el mandatario invitó a todos sus pares a almorzar al borde del cráter del volcán Pululahua. El descanso y la charla duraron poco. A la tarde, todos –algunos, como el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, ya se habían ido– debían volver al protocolo para la jura del nuevo gabinete. En ese mismo acto, Correa firmó sus primeros dos decretos. Uno para convocar la consulta popular el próximo 18 de marzo. Esta iniciativa es el pilar del proyecto de cambio de Correa y es la principal fuente de enfrentamiento con la oposición. “Nuestra clase dirigente ha fracasado, los representantes no entienden que ellos deben responder a los ciudadanos y como esta institucionalidad ha fracasado y llevado a nuestro pueblo al colapso, vamos a realizar una reforma constitucional profunda para terminar con este período de democracias de plastilina”, había asegurado Correa en su asunción.

Como ya había adelantado Correa en el acto de la mañana, el decreto no estará sujeto a la aprobación del Congreso, como lo pedían los legisladores, en su mayoría opositores que están en contra de una Constituyente con poder para destituirlos. Sin embargo, y para evitar enfrentamientos prematuros, el gobierno decidió extender una copia del decreto al Legislativo. “Sólo como cortesía”, aclaró un importante funcionario de la nueva administración a Página/12. El segundo decreto es otra de las promesas de campaña del joven economista. Correa se bajó su sueldo de ocho mil a cuatro mil dólares. Esta disminución se trasladará instantáneamente al resto de los salarios de los funcionarios públicos, ya que ninguno puede cobrar más que el presidente.

Según adelantó un importante funcionario ecuatoriano a este diario, en los próximos días Correa y su equipo se concentrarán en analizar y delinear los acuerdos con Venezuela para refinar petróleo –convenios que habían sido discutidos por los dos mandatarios en Caracas sólo semanas atrás–. También aprobarán el aumento de varios subsidios para los sectores más pobres y comenzarán a discutir algunas reformas presupuestarias, especialmente en el área de educación. En cuanto al pago de la deuda externa, uno de los temas más controvertidos de la campaña, aseguraron que en principio se pagarán los próximos vencimientos.