Por Pilar Lozano *
Desde Medellín

Por culpa de las amenazas de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Medellín es hoy una ciudad de 11 alcaldes. Los 11, cuyas localidades se encuentran en el departamento de Antioquia, del que el nuevo presidente Alvaro Uribe Vélez fue gobernador, despachan desde La Alpujarra, el centro administrativo en pleno corazón de la ciudad. Luis Pérez llega todos las mañanas en medio de una nube de guardaespaldas y se instala en el piso 12º de la alcaldía. Los otros 10, con su maletín y cada uno con un policía, de civil, siguiéndoles los pasos, cruzan apresuradamente el parque de cemento del complejo de edificios municipales.
El afán es llegar pronto y asegurarse un buen rincón en los 80 metros cuadrados que tienen destinados en el edificio de la gobernación para administrar a distancia sus municipios del oriente de Antioquia. “Con esto y con paciencia es como gobernamos”, dice Hernando Martínez mientras agita su teléfono móvil. Martínez es alcalde de San Luis, una población a tres horas de Medellín. “Estamos en guerra permanente”, dice, y de manera gráfica lo explica: “La policía sabe que desde la montaña los vigila la guerrilla o los paramilitares; se turnan: cuando hay uno, no está el otro”. Es el único de los mandatarios desplazados que no sufre esperando turno para usar uno de los dos teléfonos disponibles para ellos en la gobernación.
El pasado mes de abril, la guerrilla voló una torre repetidora y su municipio quedó incomunicado. El pasado jueves, con sus pequeños maletines, varios de sus colaboradores llegaron a buscarlo a Medellín, con la intención de realizar un Consejo de Gobierno. Fue un viaje con altibajos: en el camino fueron parados por las Autodefensas (grupo paramilitar). Es normal: en los 130 kilómetros que los separan de la capital, aparecen y desaparecen retenes de las FARC, los paramilitares, los elenos (miembros de la otra guerrilla colombiana, el Ejército de Liberación Nacional, ELN).
El consejo empezó con una buena noticia: gracias a la “diplomacia parroquial” –como llaman a las gestiones que debe realizar la población con los grupos armados–, se logró desbloquear un camino. “Es frustrante gobernar a distancia; es como tener una finca y no acariciar el ganado”, confiesa el alcalde, un hombre de 50 años experto en educación comunitaria y acostumbrado a lidiar con un conflicto que dejó sin sede municipal a la población desde la toma guerrillera de finales de 1999. Ahora manejan los hilos de la Administración a través de “oficinas satélite” en el municipio. Lo hacen manteniendo un equilibrio: “No confrontar a la guerrilla, pero tampoco paralizar la Administración”.
“Las palabras frente a las armas” es la política que practican los 23 alcaldes de Oriente, un territorio de 8 mil kilómetros cuadrados, con 650 mil habitantes, deseado por todos los grupos armados. Allí se genera el 35 por ciento de la energía hidroeléctrica del país. Está atravesada por una de las vías más importantes: la autopista Bogotá-Medellín, una carretera planeada para un flujo de 5 mil vehículos al día por la que hoy sólo cruzan unos mil. La guerra convirtió esta arteria en un camino en ruinas, de puentes destruidos, llena de paradores y establecimientos hoteleros sin vida. En octubre pasado, cansados de tanta muerte –1200 en seis meses–, los alcaldes decidieron encarar a los armados y pedirles respeto a la población civil. Hablaron con los elenos y las Autodefensas. “Bajó la espiral de la violencia”, dicen al defender esta gestión no bien vista por el actual gobierno. La cita con las FARC se concretó posteriormente y terminó con la notificación de que debían renunciar, como el resto de los alcaldes del país, por orden del secretariado.
* De El País de Madrid, especial para Página/12.