El gobierno brasileño difundirá esta semana la “verdad histórica” sobre la última dictadura. Por primera vez se conocerán todos los casos de tortura, ejecución y la desaparición de cuerpos que investigó durante once años la Comisión Especial de Muertos y Desaparecidos Políticos. El informe no sólo daría cuenta de los crímenes cometidos por la policía y las fuerzas armadas durante la dictadura, sino también de su ocultamiento por parte de las actuales autoridades castrenses.

A diferencia de lo que sucede en algunos de los países vecinos, en Brasil el sector castrense sigue manteniendo un poder muy importante, especialmente en el área de inteligencia y la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Por ello, no se avanzó en juicios de la verdad, no sólo para condenar a los responsables de la represión ilegal sino también para conocer lo que realmente sucedió durante aquellos años.

Hasta hace apenas unos años, los jefes de las fuerzas armadas no dudaban en sostener que las violaciones de derechos humanos durante la dictadura fueron cometidas por individuos que escaparon al control del régimen militar. Esta idea sería rechazada en el informe, en el que se asegura que los mandos militares estuvieron siempre al tanto de lo que sucedía. El texto además sugiere al presidente Luiz Inácio Lula da Silva que solicite al Ministerio de Defensa y a la Secretaría de Derechos Humanos la creación de una “instancia administrativa permanente”, que tome la declaración de policías y militares, y acceda a documentos que puedan haber permanecido ocultos. Según las fuerzas armadas, todos los archivos sobre el terrorismo de Estado fueron quemados. Sin embargo, los organismos de derechos humanos y la misma comisión aseguran que sólo se trata de otra estrategia de ocultamiento de los militares.

Recién 22 años después de la vuelta de la democracia, los brasileños podrán conocer las primeras cifras de la represión. La comisión llegó a investigar 339 casos y tendría al menos 136 nombres ya reconocidos como muertos o desaparecidos.