El asesinato el jueves de Benazir Bhutto confirma los peores pronósticos para Pakistán. La violencia que acompaña la vida política desde la creación de ese país hace 60 años y a la que el general Pervez Musharraf quiso poner fin con su golpe de Estado de 1999, no ha hecho sino aumentar a resultas de su ambigua relación con los extremistas islámicos y de su empeño por perpetuarse en el poder. De momento, el atentado cuestiona las elecciones legislativas del próximo 8 de enero y amenaza con sumir en el caos a un país dotado de armas nucleares.

El atentado contra la líder del Partido del Pueblo de Pakistán (PPP) se produce cuando ese país apenas acababa de salir a flote de la grave crisis institucional desatada por Musharraf, al declarar el estado de emergencia el pasado 3 de noviembre. Aunque el presidente puso fin a esa situación y renunció a su cargo como jefe del ejército hace dos semanas, antes utilizó los poderes excepcionales para destituir a los miembros del Tribunal Supremo, críticos con su uso del poder, y encarcelar a miles de opositores. Ese proceder llevó a Bhutto a romper las negociaciones que mantenía con el general-presidente para llegar a un acuerdo político y que permitieron su regreso a Pakistán el pasado octubre después de ocho años de autoexilio. Pese al descrédito de los partidos, los observadores coincidían en que su grupo tenía el respaldo suficiente para obtener buenos resultados en las próximas elecciones.

Las palabras del principal rival político de Bhutto resumen con rigor lo que significa su desaparición de la escena política. “Es una tragedia para su partido y para nuestro partido”, declaró al conocer la noticia Nawaz Sharif, el líder de la Liga Musulmana de Pakistán-Nawaz. “Es una situación muy grave para el país. Tendremos que analizar seriamente la situación en los próximos días”, añadió.

De hecho, el presidente Musharraf convocó de inmediato una reunión de alto nivel para evaluar si seguir o no adelante con las elecciones. Las protestas de los seguidores de Bhutto que estallaron por todo el país al conocerse su asesinato hacen temer que la violencia impida celebrar el escrutinio. Sin embargo, ceder a la tentación de cancelarlo daría un triunfo precisamente a los responsables de la muerte de la líder PPP, presumiblemente los extremistas islámicos con los que ella prometía acabar si su partido lograba controlar el próximo Parlamento.

La oposición de esos radicales a una consulta que debía ser el primer paso para la democratización del país no es ningún secreto. Tras el asalto a la Mezquita Roja de Islamabad el pasado julio, en el que murieron un centenar de islamistas violentos, Osama bin Laden declaró la guerra santa contra Musharraf y su régimen para vengar a aquellos “mártires”. Hace pocos días, la prensa paquistaní recogía las declaraciones de un portavoz talibán asegurando que su grupo haría todo lo posible para impedir las elecciones. A pesar de que oficialmente Pakistán es un aliado clave de Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo de Al Qaida y otros grupos islamistas violentos como los talibán, la política de apaciguamiento de Musharraf ha alentado su instalación en las zonas tribales del noroeste de su país, donde la mayoría de los analistas sitúan a Bin Laden y su camarilla. La excepcionalidad jurídica y administrativa de esas regiones fronterizas con Afganistán las han mantenido fuera del control del gobierno central, lo que ha permitido que los radicales impongan su ley.

Sus siete millones de habitantes viven del contrabando, la pobreza supera el 60 por ciento (dos veces la media nacional), el analfabetismo alcanza el 97 por ciento entre las mujeres y el 70,5 por ciento entre los hombres, y la desocupación ronda el 80 por ciento. Sólo un Pakistán democrático podrá extender su control, y los beneficios de su desarrollo económico, a una región desde la que se extienden los tentáculos del terrorismo. El asesinato de Bhutto no ha sido una trágica excepción, sino el último de una serie de ataques suicidas que en el año 2007 han dejado cerca de 800 muertos.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.