En el cuarto piso del Edificio Libertad, detrás de mamparas de madera que los protegen de miradas indiscretas, trabajan los oficiales de la Marina abocados al Grupo de Contención de camaradas acusados por delitos de lesa humanidad. Los letrados reportan a la Subsecretaría de Relaciones Institucionales que depende de la secretaría general naval. En el piso trece, pocos metros separan esas oficinas del despacho del almirante Jorge Godoy. La asistencia a los represores retirados quedó en evidencia el martes último con la declaración testimonial del capitán de navío Juan Martín Poggi en el juicio por la masacre de Trelew, quien admitió haber citado a todos los implicados en la sede de la fuerza para informarles sobre la reapertura de la causa. Poggi dijo bajo juramento ante la Justicia de Chubut que conversaba institucionalmente con todos los implicados en “delitos de derechos humanos” (sic). La “solidaridad” con los acusados se extendería también al Ejército a través de la Dirección de Bienestar. El Ministerio de Defensa le pidió un informe al general Roberto Bendini sobre los “hechos denunciados” por el Centro de Militares por la Democracia (Cemida) acerca de esas prácticas. Sobre las huestes de Godoy todavía no decidieron nada.

“La Armada es una institución cruzada por la historia. Yo tengo una foto en la que estoy con (Ricardo Miguel) Cavallo, con (Alfredo) Astiz, con (Adolfo) Scilingo y con Julio César Urien”, suele contar entre sus allegados Godoy. Por una simple cuestión de edad era compañero de promoción de Cavallo, a quien España le acaba de aprobar su extradición para ser juzgado en la Argentina, y de Scilingo, condenado en Madrid después de confesar su participación en los vuelos de la muerte. Astiz, destituido de la Armada por sus dichos ante la prensa y no por su actuación en los grupos de tareas, está preso en Marcos Paz junto a otros integrantes de la patota de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Urien era un joven guardiamarina cuando participó del intento de toma del edificio de la ESMA en 1972 y fue dado de baja. El kirchnerismo le devolvió el grado y Godoy participó de la ceremonia en la Casa Rosada.

Continuidad

El apoyo legal a los represores es un secreto a voces entre los uniformados. La ministra de Defensa, Nilda Garré, sospecha que tanto la Armada como el Ejército financian por algún mecanismo indirecto la defensa de los retirados. Godoy lo niega y hasta asegura que sufre amenazas por su apoyo a la política de derechos humanos del Gobierno.

La historia tiene antecedentes. Apenas se reactivaron las causas por robo de bebés, previas a la anulación de las leyes de punto final y obediencia debida, los hombres de mar armaron un departamento de contención dependiente del Servicio de Inteligencia Naval. Oficiales-abogados eran los encargados de asesorar a los oficiales para que no dijeran nada que pudiera ser usado en su contra e, incluso, brindarles respaldo legal.

El capitán Pedro Florido desempeñó ese papel durante largos años. En el 2000, la jueza María Romilda Servini de Cubría llegó a citarlo a su despacho. La crónica de Clarín consignaba que lo había increpado por las amenazas que había sufrido uno de sus secretarios que llevaba una causa por robo de bebés. “No me vengan con el cuento de que ustedes no pueden hacer nada, porque si los quisieran parar, los pararían”, le habría dicho la jueza al capitán de navío abogado fundada en la sospecha de que desde la conducción de la Armada, que ejercía Joaquín Stella, se les prestaba colaboración a los imputados en causas por delitos de lesa humanidad.

Página/12 había denunciado que “un día antes de la entrega del poder el ex presidente Carlos Menem y su último ministro de Defensa, Jorge Domínguez, pidieron el ascenso a capitán de navío del oficial de la Armada Pedro Florido, que ordenó a un detenido-desaparecido (Basterra) en el campo clandestino de concentración de la ESMA la confección del pasaporte argentino falso con el que fue detenido en Francia el gran maestre de la logia P2, Licio Gelli”. En ese momento, diciembre del ‘99, este diario había confirmado en Tibunales que el capitán abogado Florido actuaba junto con Sergio Vargas como enlace de la Armada ante los jueces para que le comunicaran cualquier novedad sobre los expedientes que interesan a la Armada, por la apropiación de bebés o averiguación de la verdad.

A pesar de esos antecedentes Florido fue ascendido durante el gobierno de la Alianza y recién se retiró a fines del 2003. Para entonces el Grupo de Contención había pasado del área de Inteligencia al de la Subsecretaría de Relaciones Institucionales. El propio Godoy había ocupado durante la gestión de Stella ese puesto y había viajado a España para interiorizarse de la situación procesal de Cavallo.

La particularidad de la misión hace que los destinados a ese puesto no sean rotados cada dos años como el resto de los oficiales. Florido estuvo más de diez años en ese reducto y a pesar de haber dejado el servicio activo no figura en el Registro de Retirados porque fue realistado como “retirado en servicio” sin destino, es decir que sigue cobrando el sueldo como si estuviera en actividad pero sin nada que hacer. Otro caso particular es el de Vargas, que sigue trabajando ahora con Poggi. Vargas apenas fue ascendido a capitán de corbeta consiguió una licencia por un año y luego retornó a la Armada. Durante ese lapso, aseguran en el Edificio Libertad, el oficial se fue a trabajar al estudio de José Scelzi, uno de los reputados abogados que suele defender represores. “Vargas es una luz tiene todos los contactos en Tribunales y conoce las causas al dedillo”, repiten quienes lo conocen.

Godoy asumió en abril del 2003 como jefe de la Armada y ha sorteado más de una turbulencia. Una de las más peliagudas fue la causa por espionaje en la Base Naval Almirante Zar de Trelew. Uno de los procesados a fines del año pasado fue el capitán Gustavo Leopoldo Ottogalli, quien se desempeñaba justamente como subsecretario de Relaciones Institucionales, la cabeza del Grupo de Contención, donde reporta el capitán Poggi.

Los nexos entre el pasado y el presente de la “valiente muchachada” son notorios. En Defensa se comenta que están esperando la decisión de la jueza que investiga la muerte del prefecto Héctor Febres. Los querellantes pidieron la citación de Godoy como máximo responsable por los privilegios de los que gozó Febres mientras “vacacionaba” como preso en la Base Naval de Azul. Por haber admitido esos mismos privilegios fue desplazado el jefe de la Prefectura, Carlos Fernández.

Que las hay, las hay

Los marinos están molestos porque la patota de la ESMA terminó recluida en el penal de Marcos Paz tratados como “delincuentes comunes”. Se quejan porque los procesados del Ejército están en un pabellón especial en Campo de Mayo. Los hombres de Bendini ahora tienen que dar explicaciones pero no por ese motivo. El Cemida denunció que “el Ejército instaló oficinas en la Dirección de Bienestar, en los cuarteles del ex Comando del I Cuerpo en Palermo, donde recibe a los militares procesados”. “Hay una mafia que sigue operando en las Fuerzas Armadas y su accionar es impune”, dijo Elsa Bru-zzone, secretaria del Cemida.

A raíz de esa denuncia, la ministra Nilda Garré le dirigió una nota a Bendini “para que informe sobre esos hechos” y confirme o no la existencia de personal civil y militar ocupado en asesorar a represores.

Página/12 pudo saber que entre las causas del desplazamiento en noviembre pasado del general Osvaldo César Montero, jefe de Inteligencia del Ejército figuraba la relación con la asistencia legal a militares acusados de delitos de lesa humanidad. “Echaron por los menos a cinco integrantes del Personal Civil de Inteligencia que eran abogados, pagados por el Ejército en su condición de PCI y a su vez ejercían como defensores de represores”, explicó a este diario un conocedor de la entretela de poder castrense,

La lupa sobre los grupos de contención de procesados y familiares deja al descubierto el funcionamiento de la corporación castrense. El motivo habría que encontrarlo en el temor a que si se sienten abandonados por la fuerza abran la boca y terminen involucrando a oficiales que hasta ahora lograron sortear los tribunales.