El juicio oral iba a ser este mes, pero se postergó para fines de junio. Los acusados eran originalmente cinco y ahora quedan tres porque dos se declararon culpables a cambio de una pena reducida. Uno sigue prófugo. Desde que las diplomacias de Estados Unidos y Argentina decidieron sentarse a limar las asperezas que recalentaron el affaire de la valija de Guido Alejandro Antonini Wilson, lo que prometía convertirse en un escandaloso juicio en los tribunales de Miami, de lo más incómodo para los gobiernos de Hugo Chávez y Cristina Kirchner, amaga con de-sandar su camino. El clima que se vivió en la audiencia de anteayer en la Corte del Sur de la Florida, prenunciaba que pronto podría haber más arrepentidos. Y si un día sólo quedan arrepentidos y ningún imputado, no habrá juicio.

Estados Unidos tiene un sistema judicial peculiar. En una sola mañana pueden sucederse diez, veinte, treinta juicios por delitos menores. Un caso puede quedar cerrado en cinco minutos, el secreto es hacer un único sacrificio: declararse culpable a cambio de una multa o unos días de calabozo. Es moneda corriente para el que agarraron manejando ebrio, el que robó un par de medias o el que usurpó una propiedad. No importa si en realidad es inocente. Es parte de la cultura autóctona. Todo el mundo lo sabe, todos lo aceptan sin chistar.

Los juicios por jurados están reservados para los grandes casos. Con una condición: que exista un interés político en sostenerlo. Pero incluso ahí, el éxito de la acusación fiscal será mayor si consigue que uno o más imputados se declaren culpables, colaboren con su investigación y den sustento a sus argumentos. Según como soplen los vientos, intentará que el caso siga o quede terminado.

Igual que en las películas, el juez/a, con la toga negra de rigor, le pregunta desde el estrado al acusado si se declara culpable o no. Pero el que cocina el pacto es el fiscal, que ofrece algo a cambio. Es un proceso eminentemente político. Los fiscales estadounidenses dependen, de hecho, de la Casa Blanca, que los nombra y los remueve.

El fiscal Thomas Mulvihill sostiene que cuatro venezolanos y un uruguayo actuaron como agentes ilegales en Estados Unidos con el fin de presionar a Antonini para que ocultara el origen y destino de los 800 mil dólares que le incautaron en Buenos Aires. En diciembre dijo que tenía filmaciones y grabaciones que lo demuestran. Las obtuvo –se supo después– con la ayuda del valijero, quien les hizo pisar el palito a sus ex socios y amigos para salvar su propio pellejo. El sistema se lo permite, y lo alienta a hacerlo.

En las primeras audiencias Mulvihill aseguró que el dinero venezolano era (según grabaciones) para financiar la campaña de Cristina y que los “agentes” le había ofrecido dos millones de dólares a Antonini por su silencio. La Presidenta habló de “operación basura”. La relación con el gobierno norteamericano se tensó a un punto extremo, y recién se aflojó luego de reuniones del embajador Earl Anthony Wayne con Alberto Fernández y luego con la propia Presidenta. La fiscalía ya no habla de la campaña, comenzaron a dilatarse los tiempos del juicio y a tejerse los acuerdos.

Ya se declararon culpables el abogado Moisés Maionica y el empresario Carlos Kauffman. Para ellos no habrá juicio, sólo sentencia. El arreglo es que le dicen a la Justicia todo lo que saben y con eso obtendrán una pena menor a la prevista originalmente, que ronda los diez a quince años de cárcel. Esto empeora la situación de los imputados que aún sostienen su inocencia. Están expuestos a lo que los arrepentidos revelen sobre ellos.

En una audiencia que hubo el lunes, en la que Kauffman se autoinculpó, el clima indicaba que otros podrían seguir el mismo camino. Al uruguayo Wanseele Paciello lo representa una defensora oficial, y es común que estos defensores impulsen acuerdos de culpabilidad con la fiscalía. Paciello, que era candidato a salir en libertad, terminó perjudicado, entre otras cosas, por revelaciones de Maionica, que confirmó sus vínculos con la inteligencia venezolana. Seguirá preso.

Carlos Durán, ex socio de Antonini y Kauffman, tiene muy mal pronóstico: el fiscal asegura que fue grabado en numerosas ocasiones afirmando que estuvo en contacto con la cúpula de la Disip de Venezuela (servicio de inteligencia) y el Ministerio de Justicia por la cuestión de los 800 mil dólares, y que amenazó a Antonini para tapar la verdad sobre el maletín. La jueza del caso, Joan Lenard, respaldó la teoría del fiscal al rechazar ayer un nuevo planteo de excarcelación de Durán. Consideró las evidencias “claras y convincentes”.

Al abogado de Durán, Ed Shohat, se lo vio esta semana menos exultante que otras veces, cuentan los que se lo cruzaron. Reclamó, molesto, las traducciones de los primeros tapes que entregó Mulvihill como evidencia para definir de una vez qué camino sigue. Allí figurarían las amenazas y contactos con la Disip. Ese material audiovisual que tanto prometió la fiscalía, donde se hablaría de la campaña de Cristina y del soborno a Antonini, quedará reservado. Sólo saldrá a la luz oficialmente en el juicio, si es que se hace algún día.