La necesidad de agilizar los juicios por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura, reconocida como prioridad oficial, encontró una primera propuesta de solución. El juez federal de La Plata Carlos Rozanski elaboró un proyecto de ley que plantea un “agrupamiento racional” de las causas por centro clandestino o por circuito represivo. Esa reorganización permitiría reducir en forma considerable los tiempos de procesos que, de no mediar un cambio, insumirían cien años, según el cálculo del magistrado. La iniciativa propone una modificación del Código Procesal con medidas para evitar la “victimización secundaria” de los testigos más vulnerables. El proyecto ya está en manos del Gobierno.

“No podemos pasarnos 40 o 50 años haciendo estos juicios”, había dicho Rozanski, a fines del año pasado, en una entrevista con el locutor y analista político Eduardo Aliverti en la que contó que tenía un plan para acelerar los juicios contra los represores. En diálogo con Página/12, aclaró que hizo bien la cuenta y le dio un plazo de un siglo “sólo para tramitar los expedientes de la ciudad de La Plata, donde no hay posibilidad legal ni material de que un tribunal inicie un juicio antes del fin del anterior”.

Lo mismo escribió en los fundamentos de su proyecto, al que este diario tuvo acceso exclusivo, que tiene como objetivo “incorporar normas de procedimiento que permitan afrontar con éxito y en un plazo razonable las causas por violaciones masivas a los derechos humanos que tuvieron lugar entre 1976 y 1983”. En ese texto destacó que, desde 2003, cuando comenzaron a reactivarse las causas y nacieron nuevos procesos, hubo sólo tres juicios, con un solo imputado cada uno y un número limitado de víctimas, a razón de uno por año. “En el país hay alrededor de 900 imputados en cerca de 200 causas y, aproximadamente, la mitad de ellas están radicadas en la Justicia Federal de La Plata, donde se tramitan los delitos cometidos en el denominado ‘Circuito Camps’”, describió el juez.

El criterio para agrupar los juicios que propone el camarista platense es el de circuitos de centros clandestinos. Su proyecto de reforma del Código Procesal Penal dice que los jueces que lleven este tipo de causas deberán acumularlas “teniendo en cuenta los hechos de un mismo centro clandestino de detención, y en caso de integrar dichos centros un circuito represivo específico, las causas se agruparán por dicho criterio, debiendo procurar los magistrados el mayor grado posible de concentración de las mismas”, bajo el principio de “conexidad”.

Carlos Rozanski considera natural hablar no sólo por sus sentencias. Ya era un juez atípico antes de condenar a prisión perpetua al represor Miguel Etchecolatz, junto con sus colegas Horacio Insaurralde y Norberto Lorenzo. La desaparición del testigo Jorge Julio López el día de los alegatos en aquel juicio lo marcó de manera tal que orientó la otra mitad del proyecto a proponer medidas para proteger a las víctimas que deben atestiguar. De hecho, la propuesta la elaboró con los empleados de su juzgado y tomó en cuenta los reclamos de los querellantes que se hicieron en el juicio a Etchecolatz, aun antes de que López desapareciera.

“Las víctimas sobrevivientes del terrorismo de Estado han sido torturadas de diversas formas y han pasado por situaciones vejatorias, cuya magnitud traumática es difícil volcar en palabras”, fundamentó. Para evitar que sean citados “una y otra vez a cada juicio para revivir los tormentos sufridos”, propuso que los tribunales puedan “incorporar por lectura” los testimonios efectuados con anterioridad. También apuntó que resulta un “despropósito y un absurdo jurídico y ético” mantenerlos incomunicados, como indica la normativa actual. Y destacó que las audiencias de juicios “de tal relevancia para la memoria colectiva” deben ser televisadas.

En el Gobierno conocen el contenido de este proyecto. Un ministro ya lo recibió y otras carteras también buscan soluciones al tema. ¿De qué depende que pueda concretarse su plan? “La decisión política es que si vamos a utilizar el proyecto tiene que haber recursos para llevarlo adelante, porque significa gente trabajando, lugares de trabajo, computadoras, todo lo necesario para que se haga medianamente bien”, había dicho el camarista. “Si están los recursos –aventuró Rozanski–, yo diría que en cuatro años tienen que estar terminados todos los juicios.”