En el sumario interno que lleva adelante la Cancillería por la importación irregular de autos diplomáticos, dos empleadas del Departamento de Franquicias que son madre e hija reconocieron que son parientes de Pablo Rodolfo Rodríguez, uno de los gestores que se encargaba de ingresar al país y nacionalizar en tiempo record vehículos de lujo libres de impuestos. Según confirmaron fuentes del Palacio San Martín, una de ellas, Marisol Rodríguez, era la secretaria del titular del área, Jorge Matas, hasta ahora principal imputado en la investigación judicial. Su hija, Cristina Santander Rodríguez, trabajaba en el mismo sector del ministerio. Esta información fue entregada ayer al juez federal Norberto Oyarbide, que citaría a ambas mujeres a indagatoria bajo la hipótesis de que podría haber existido una asociación ilícita.

Entre los autos que importó Rodríguez figura el Audi que tenía la esposa del propio Matas, María Eugenia Sanguinetti. Pero también trajo otras marcas como BMW, Porsche, Infiniti y Toyota, todos con franquicias diplomáticas, en su mayoría de las embajadas de Rusia y Bielorrusia. Tenía un poder de esas representaciones e incluso una acreditación otorgada por la Cancillería. Sus parientas, las Rodríguez, habrían operado no sólo como vínculo clave con el área de Franquicias sino como nexo con las embajadas.

Mientras la Justicia investiga, dentro de la Cancillería se sigue llevando adelante un sumario interno. En esa pesquisa fueron interrogadas ambas mujeres, que allí reconocieron la vinculación con el intermediario, próximo a ser llamado a indagatoria. Como parte de la auditoría se estuvieron analizando, además, las llamadas telefónicas realizadas desde las oficinas del ministerio que quedan registradas en su central de comunicaciones, según pudo saber este diario. De ahí surgirían pruebas comprometedoras.

El intermediario Rodríguez, de 32 años, aparece mencionado en el primer informe de la Cancillería que dio origen a la causa que se abrió en el juzgado de Norberto Oyarbide. Se le atribuían al menos siete importaciones y trámites de nacionalización y venta en un plazo mucho menor al estipulado por las normas. En el fuero penal económico, tramita una causa por los mismos hechos, a cargo del juez Jorge Brugo, iniciada con una presentación de la Aduana, que sostuvo que el delito es contrabando. Brugo le pidió a Oyarbide que se inhiba porque el delito que él investiga mucho más grave que cualquiera de los que se analizan en el fuero federal. El contrabando agravado prevé de 4 a 10 años de cárcel y en cuanto cite a Matas como sospechoso podría dejarlo preso sin más.

Oyarbide aún no le contestó a Brugo aunque se le anticipó en una medida clave: ya citó a Matas a indagatoria. Debería presentarse el lunes, pero pidió una postergación. Su abogado, Diego Pirotta, presentó ayer un escrito donde sienta posición sobre la pelea por cuál es el juez competente y pide que lo siga investigando Oyarbide. Seguramente sabe que, aunque avance la teoría de la asociación ilícita, un delito que en gravedad (prevé de 3 a 10 años de prisión) le pisa los talones al contrabando, ese juez no lo detendría si no prevé un flagrante peligro de fuga. Pirotta planteó que es prematuro precisar cuál fue el delito, si es que existió. Lo que seguro no hubo, señaló, es contrabando. Y además dijo que si se concretara alguna acusación estarán involucrados diplomáticos extranjeros y en ese caso debe intervenir la Corte Suprema. El fiscal Patricio Evers en un comienzo habló de cohecho (coimas) e incumplimiento de los deberes de funcionario, ambos excarcelable, pero podría sumarse ahora a la idea de que hubo una red de complicidades.