La Sala II de la Cámara Federal porteña acaba de ratificar que los represores, acusados de delitos de lesa humanidad, seguirán presos en la cárcel común de Marcos Paz. “Son tratados como delincuentes comunes”, suelen quejarse sus abogados para reclamar el regreso a unidades militares de los “defensores de la patria”. El acceso a Internet obsesiona a los ex uniformados que recién después de años de mutilaciones a la Justicia llegaron a celdas como el resto de los ciudadanos detenidos por violar la ley. Algunos consideran como un atentado a su “legítima defensa” el no poder navegar por la red de redes. Sin embargo, el “Boletín mensual Notipenal Marcos Paz”, que circula por mail, da cuenta de la habilidad de militares y policías para hacer oír sus reclamos a través de familiares que recogen quejas y difunden el boletín mensual.

Después del envenenamiento del prefecto Héctor Febres en su dúplex VIP de la sede Delta de Prefectura, la patota de la ESMA fue trasladada del Instituto Penal de las Fuerzas Armadas, en Campo de Mayo, al penal de Marcos Paz. Antes, tanto Alfredo Astiz como Antonio Pernías y Juan Carlos Rolón, entre otros, habían gozado de toda clase de comodidades –léase privilegios– en las sedes navales donde habían recalado por orden judicial. Otros cumplían arrestos domiciliarios.

Ahora, en el penal construido en 2000 en un campo de la provincia de Buenos Aires con cinco módulos de ocho pabellones cada uno, comparten domicilio los ex grupos de tarea de la Armada con los de la policía bonaerense. El comisario Miguel Etchecolatz, el ex capellán Christian von Wernich y el ex agente de Inteligencia todo servicio Raúl Guglielminetti junto a Norberto Cosani, integrante de las hordas de Ramón Camps, se encuentran en la misma cárcel que el ex intendente Luis Patti. Un total de 1614 reclusos pueden ser alojados allí. Algunos de los represores, como el cura que reconfortaba espiritualmente a los torturadores, están en celdas individuales de 2,5 por 3 metros, sin ventanas, con una cama de hierro adosada a las paredes, una mesa, un taburete, un inodoro y un lavatorio. La puerta de la celda está abierta de las 8 a las 22. A esa hora se desconecta la electricidad.

Notipenal

El “Boletín Mensual Notipenal”, aseguran quienes conocen los tejes y manejes del submundo de represores y delincuentes comunes, es una iniciativa de Cosani. El ex agente del general Ramón Camps, otro de los tantos que murió sin ser condenado, le transmitiría la “realidad del penal” a uno de sus familiares encargado de enviar los mails. En el número de enero, al que tuvo acceso Página/12, bajo el título “Novedades” se preguntan “¿qué ha sucedido en este caluroso mes que nos toca vivir a los ‘internos’ todos, los 1500 que estamos, algunos con preventiva, otros secuestrados y rehenes de una perversa ‘justicia’ o bien condenados?”. Se quejan por las reglas carcelarias que no permiten que hombres y mujeres se mezclen en las visitas y así se divide a las familias en dos turnos “y no se le permite al interno ese encuentro-contención”. También abundan los reclamos por la comida y el servicio médico.

El Notipenal abunda en críticas contra la fiscal Fabiana Camaño, quien no habría identificado al nuevo director del penal al llevarlo en una visita por la cárcel y hacerlo pasar por un abogado de su equipo. Al llegar a las “Conclusiones”, los reclusos vuelven a las preguntas y dicen: “¿Nos ‘rehabilitamos’ los internos o nos están castigando y permitiendo que sumemos odio a la ‘Justicia’?”.

Ocupar un lugar en las colas para acceder al teléfono público, esperar el turno para ducharse en los vestuarios colectivos, compartir el salón de usos múltiples para ver los canales de aire en un televisor 20 pulgadas atormenta a los represores. Los defensores de los marinos, entre ellos Juan María Aberg Cobo (hijo), son los más activos en reclamar por los “derechos humanos” de sus clientes.

El año pasado después de la desaparición de Julio López, testigo en el juicio por el que se condenó a cadena perpetua a Etchecolatz, el penal fue allanado por orden judicial. Así se comprobó que los ex hombres de la Bonaerense tenían acceso a los teléfonos de línea del penal entre otros beneficios. Esas pruebas terminaron con el descabezamiento del entonces director del Servicio Penitenciario Federal, Hugo Soza.

Uno más

La Justicia de Santa Fe decidió la semana pasada trasladar a Marcos Paz a Juan Daniel Amelong, un oficial del Ejército acusado de participar en la represión ilegal en jurisdicción del II Cuerpo. “Me acaban de confirmar que el sábado 8 seré trasladado al penal de Marcos Paz”, escribió en un correo electrónico el teniente coronel-abogado y advirtió: “Pero esto será ‘por ahora’ (como dijo Chávez cuando perdió el referéndum). Los tiempos políticos son cíclicos, hoy me toca perder, en un tiempo será al revés. Y yo no tengo ochenta y pico de años como los que eran mis Señores Superiores (sic) cuando tantos combatimos en la etapa bélica de la guerra revolucionaria que inició el enemigo, apenas tengo cincuenta y piquito, no me voy a morir preso, ‘lo que no mata fortalece’, ya van a entender el día de mañana los que prevarican hoy para no hacer peligrar su sueldo en la Justicia federal”. Se despide “Desde el frente de combate”.

Amelong será seguramente uno más de los reclusos que sumarán su data para Notipenal. Y así difundir sus nuevas necesidades básicas insatisfechas.