Todas las expectativas están puestas en Dolores. Se espera que durante las primeras horas de hoy, la Cámara de Apelaciones decida el futuro del intendente de Pinamar Roberto Porretti. Los integrantes del tribunal deben aceptar o rechazar la eximición de prisión, del cual depende la libertad. Hasta ayer los abogados de Porretti no sabían los resultados, pero evaluaban la opción de presentarse en Casación para evitar que el funcionario quede preso. Un juez se declaró incompetente en la causa.

Hasta el sábado al mediodía, Porretti parecía convencido de que no iba a quedar detenido.

–¿Tiene miedo de ir preso?

Le preguntó este diario. Y el dijo que no, que confiaba en la Justicia. Y luego:

–¿Pero qué va a hacer si ordenan detenerlo?

–Lo que me aconsejen mis abogados y lo que decida la Justicia.

La respuesta de la Cámara de Dolores se escuchará finalmente esta mañana. Hasta la semana pasada, la causa del escándalo de las coimas en Pinamar estuvo en manos del juez Jorge Dupuy, presidente del tribunal. Luego de su resolución pasó a manos de los otros dos camaristas Susana Yaltone y Fernando Sotelo para los acuerdos y disidencias.

El contenido de los votos es una incógnita. Deben pronunciarse sobre tres puntos: la validez de la prueba de videos del escándalo, la eximición de prisión y el cambio de carátula. Sus abogados José Ochoa y Roberto Babington intentan suavizar la pena para lograr antes que nada que el intendente no vaya preso.

La condena por extorsión prevé de 5 a 10 años de prisión y no es excarcelable. Cualquiera de las otras dos opciones como cohecho o exacciones ilegales, sí. El cohecho, además, abre las puertas para que la imputación alcance a los denunciantes.

Si nada de eso se cumple y la Cámara mantiene la calificación y confirma la prisión preventiva, Porretti quedaría preso. Al menos así respondió un abogado consultado que es parte en la causa. Los abogados del intendente, en cambio, dicen que no. “Porretti no puede ir preso porque nosotros vamos a ir a Casación”, explicó Roberto Babington a Página/12. Para algunos juristas el recurso de Casación abre una impasse y suspende la orden de detención. Para otros, no. La discusión se da sobre el código de procedimiento provincial y los jueces tienen distintos criterios.

Fuera de esto, la Cámara debe pronunciarse sobre Aldo Leonián, el ex secretario de Gobierno. El abogado Gonzalo Romero Victorica pidió la excarcelación, el cambio de carátula y la prisión domiciliaria por razones de salud. La semana pasada, la fiscal Fernanda Hachman pidió su prisión preventiva, pero aceptó el arresto domiciliario por un cuadro de hipertensión. El juez de garantías Gastón Giles tenía cinco días para pronunciarse pero el jueves, dio un paso al costado y se declaró incompetente.