El ministro de Hacienda porteño, Néstor Grindetti, afirmó ayer que recién “en 90 días vamos a saber cuántos empleados tenemos”. Igual, el jefe de Gabinete del gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, aventuró un pronóstico sobre el censo de empleados que Mauricio Macri ordenó para detectar “ñoquis” en la administración pública: “En algunas áreas sobra gente, pero en otras falta”. Para la oposición kirchnerista e ibarrista “es una medida que se debió tomar antes de decidir los despidos que ya produjeron”. En tanto, gremialistas de ATE advirtieron que el relevamiento que realizan 150 pasantes universitarios de la UBA fue impulsado por el macrismo “para legalizar futuros despidos”.

“Es un trabajo esencial para determinar quién trabaja, qué es lo que hace, quién no trabaja, pero va a llevar tiempo: hay que censar aproximadamente a 140 mil personas”, explicó Rodríguez Larreta. Aunque el funcionario dijo desconocer cuántos empleados tiene la Ciudad, porque “hay 102 edificios de oficinas administrativas, además de las escuelas, hospitales, centros culturales. Hay una dispersión enorme”.

“La medida había que haberla tomado inicialmente y no hacer el disparate de echar a la gente y luego hacer el censo”, sostuvo el diputado Diego Kravetz. El legislador K cuestionó las incorporaciones del propio macrismo con una chicana: el censo “es muy fácil de hacer, basta con sumarles a los empleados que estaban en planta al asumir Macri los 2700 que incorporó durante su gestión”.

El diputado ibarrista Eduardo Epszteyn tampoco ahorró críticas. Sostuvo que el censo se tendría que haber realizado “antes de instalar en la opinión pública el tema de que hay ñoquis” y que Macri “pierde credibilidad” con el momento elegido para hacerlo, aunque manifestó su acuerdo con saber cuál es el personal afectado a funciones públicas.

El dirigente de ATE Hernán Vázquez definió el relevamiento como “una medida para legalizar futuros despidos”. Consideró que “no es necesario un censo para saber si existen ‘ñoquis’” y reclamó al gobierno porteño la posibilidad de “fiscalizar” el registro, a través de una “auditoría gremial”, para “verificar que los trabajadores no sean obligados a brindar más información de la requerida en los cuestionarios”.