Los abogados de María Eugenia Barragán Sampallo pidieron que se condene con 25 años de prisión a los apropiadores de la joven, hija de desaparecidos, así como también al militar Enrique José Berthier, quien la entregó al matrimonio cuando era un bebé de dos meses. María Eugenia, que hoy tiene 30 años, es la primera nieta recuperada que querella a sus apropiadores. Ayer, en el alegato, reclamó a través de sus abogados que el tribunal oral les aplicara el máximo de las penas previstas.

Tanto el ex capitán Berthier como los otros dos acusados, María Cristina Gómez Pinto y su ex marido Osvaldo Rivas, fueron a la audiencia. Berthier fue llevado esposado a la sala por un agente del Servicio Penitenciario, ya que cumple prisión preventiva. Gómez y su ex pareja se sentaron lejos de él, dejando un espacio de varias butacas libres, y lo mismo hicieron entre sí, como si las cosas no estuvieran bien entre ellos. En las audiencias prácticamente no se hablan.

El alegato de la querella fue realizado por Tomás Ojea Quintana y Elizabeth Gómez Alcorta, en nombre de María Eugenia y su abuela Azucena Flora Barragán. Los abogados abrieron la acusación con un racconto del caso: María Eugenia Sampallo es hija de Mirta Mabel Barragán y Leonardo Sampallo. Su mamá era trabajadora de la fábrica SIAP (Sociedad Industrial de Aparatos de Precisión), delegada gremial y militante del Partido Comunista Marxista Leninista. Su papá trabajaba en el astillero Río Santiago, era subdelegado y también militante del PCML. Mirta estaba embarazada de seis meses cuando, en diciembre de 1977, la secuestraron junto a su hijo mayor, Gustavo, que entonces tenía tres años, y a su pareja. El niño fue recuperado por su familia, mientras sus padres eran llevados al centro clandestino de detención El Atlético y después a El Banco. Mirta fue sacada de este lugar en febrero del ’78 para dar a luz. Se cree que María Eugenia nació en el hospital militar. Pero la fecha exacta de su nacimiento todavía no se conoce.

En mayo de aquel año, cuando tenía dos o tres meses, fue entregada por Berthier al matrimonio Gómez-Rivas, que la inscribió como hija propia. Para hacerlo usaron un certificado de nacimiento falso firmado por el médico militar Julio César Cáceres Monié, ya fallecido.

Cuando María Eugenia tenía 7 años, Gómez y Rivas le dijeron que no era su hija. Le dieron versiones cambiantes sobre su origen: primero, que sus padres habían muerto en un accidente de tránsito; después, que su madre era una empleada doméstica que la había regalado; otra vez, que era una azafata que vivía en Europa y había quedado embarazada de una relación extramatrimonial. Como parte de esas versiones, y como ella preguntaba, una amiga de la familia llegó a decirle que era hija de Berthier. La niña lo conocía porque el militar solía ir a la casa, ya que conocía a Gómez, su apropiadora, desde que eran adolescentes.

Para los abogados de la querella, en el juicio quedó probado que Gómez y Rivas sabían que María Eugenia era hija de desaparecidos y que había sido robada: por eso la inscribieron como propia, en lugar de hacer un trámite legal de adopción. Ojea Quintana recordó el testimonio que dio en las audiencias una vecina. La mujer contó que Gómez le gritaba frecuentemente a la niña y, en una ocasión, especialmente irritada, le dijo que tenía que ser “hija de guerrillera para ser tan rebelde”. El abogado recordó, además, los maltratos que María Eugenia vivió durante su infancia, relatados por ella en el juicio y corroborados por personas que vivían en el mismo edificio. La joven, que se fue a vivir sola cuando empezó a trabajar, fue a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad para hacerse las pruebas de ADN, gracias a las que recuperó su identidad y se reencontró con su abuela.

Gómez y Rivas fueron acusados por la querella como coautores de los delitos de retención y ocultación de un menor de diez años, en concurso con la alteración de su estado civil (ya que inscribieron a la niña como propia) y falsedad de documento público. Pidieron para ellos 25 años de prisión, más su inhabilitación permanente y absoluta. La misma pena fue reclamada para Berthier, bajo los cargos de ocultación de un menor y la participación necesaria en los otros delitos. Los abogados plantearon, además, que se trata de delitos de lesa humanidad, enmarcados en el terrorismo de Estado.

“Rivas y Gómez nunca fueron una familia para ella”, señaló Ojea Quintana. Se apropiaron de María Eugenia “para satisfacer un deseo egoísta de tener un hijo, la trataron como a un objeto, suprimieron su identidad y la privaron del vínculo con su familia, que la buscó durante 24 años. Si la pena máxima fue prevista para un caso extremo –dijo—, entiendo que aquí nos encontramos frente a ese caso.”

Los apropiadores han reconocido algunos de los hechos, pero en general se echaron culpas mutuamente. Gómez declaró que fue su ex marido “quien me trajo (a la niña) con los papeles”. Asegura que fue él quien la inscribió como propia. Rivas reconoció que era verdad que le dieron distintas versiones sobre su nacimiento, como la de la empleada doméstica. Berthier admitió ante María Eugenia que fue él quien la entregó, aunque nunca quiso darle más información. No se sabe, por eso, con quién estuvo ella los primeros dos meses de vida y existe la sospecha de que el mismo Berthier la tuvo en su casa: en esa época, él y su mujer estaban realizando un tratamiento de fertilidad porque no podían tener hijos.

El juicio oral continuará hoy, a las 10.30, con el alegato de la fiscalía.