La embajada de Estados Unidos se comunicó con el juzgado federal de Rawson para interiorizarse sobre la situación procesal del marino Roberto Guillermo Bravo, sobre quien pesa un pedido de captura tramitado ante Interpol en la causa por la masacre de Trelew, ocurrida en 1972. La comunicación fue “informal y vía telefónica”. Se produjo el mismo día en que el juez federal Hugo Sastre procesó con prisión preventiva a otros cinco marinos retirados que ya estaban detenidos en la misma causa.

Este diario reveló que Bravo vivía en Miami, Estados Unidos. El represor está sindicado como uno de los oficiales que dispararon en el fusilamiento de 19 prisioneros políticos, 16 de los cuales murieron el 22 de agosto de 1972 en la base naval Almirante Zar.

La comunicación de la embajada norteamericana con el juzgado federal de Rawson fue en tono de “consulta” y se esperaba que fuera ratificada por escrito para formalizar el contacto. Los interlocutores de la representación diplomática precisaron que Bravo reside en Estados Unidos en carácter de “naturalizado”, estado que conlleva el compromiso de declarar bajo juramento su condición previa al ingreso al país, incluidos procesamientos o causas pendientes. “Si Bravo no reveló que estaba involucrado en esta causa con 16 muertos, está en problemas. Eso es lo que nos hicieron saber desde la embajada”, indicaron las fuentes del juzgado. “Este caso es similar al de Ernesto Barreiro, que fue deportado por el servicio de migración y aduanas de Estados Unidos y entregado por Interpol a las autoridades argentinas con la misma mecánica que agiliza mucho el proceso de extradición”, afirmaron las fuentes.

Luego que el diario El Nuevo Herald de Miami publicara la primicia de Página/12 de que Bravo es dueño del RGB Group de Florida, su abogado informó que el represor está dispuesto a declarar pero en los Estados Unidos. “Los hechos nunca ocurrieron, hubo una investigación militar y civil que exoneró a los militares y una amnistía que les dio inmunidad. El gobierno de izquierda quiere abrir el caso para cobrarles a sus enemigos”, dijo el letrado. Sin embargo, en el Pentágono afirmaron que “las acusaciones son graves” y las están “examinando con mucho interés”.

Por otra parte, ayer se conocieron nuevas repercusiones sobre el fallo del juez Sastre. Nora Cortiñas, de Línea Fundadora de Madres de Plaza de Mayo, sostuvo que el fallo del juez federal Hugo Sastre “da motivo para pensar que la lucha (contra la impunidad) no es en vano”. Cortiñas expresó que “no nos hubiéramos imaginado que después de tantos años se iba a poder detener a los responsables de la masacre”. Rodolfo Yanzón, abogado de la Fundación Liga Argentina por los Derechos Humanos, se mostró satisfecho por la medida judicial, aunque advirtió que “las instituciones armadas deben dejar de apoyar a los involucrados” en las causas judiciales. Hebe de Bonafini, de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, definió al fallo como “impensado” y “ejemplificador”. En tanto Adriana Calvo, de la Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos, evaluó como “positiva” la medida “después de 35 años de decepción por saber que (los procesados) estaban en libertad”.