La Cámara de Apelaciones de Dolores acreditó “prima facie el delito de extorsión” para el intendente de Pinamar y su ex secretario de Gobierno en la trama del escándalo de las coimas. Las penas que le cabrían van de 5 a 10 años y por eso rechazó la eximición de prisión de Roberto Porretti y la excarcelación de Aldo Leonián. De todos modos, Porre-tti no irá todavía preso porque sus abogados hicieron una reserva en Casación y le aseguraron así al menos 20 días más de libertad. El jefe comunal seguirá por ahora en su despacho.

En sus extensas resoluciones, la Cámara se pronunció sobre cinco incidentes. Lo más importante fue que ratificó la calificación de la causa en contra de la pretensión de los abogados de morigerarla para evitarle la cárcel a sus clientes. Y en función de esa decisión el tribunal no hizo lugar a la eximición de prisión de Porretti ni a la excarcelación de Leonián.

Los camaristas no se pronunciaron sobre la validez de la cámara oculta porque consideraron que no hacía falta expedirse al respecto. Fundamentaron su decisión en declaraciones testimoniales que hicieron los propietarios de las discotecas Ku-El Alma. Tampoco aludieron a la hipótesis del complot.

“En el contexto de que el comercio es un local bailable ubicado en una zona balnearia que sólo produce ganancias durante la temporada estival –señalaron los jueces–, la actitud de exigir el pago de la suma destinada al patrimonio particular de funcionarios, tras el anuncio oficial de no autorizar a abrir el comercio y exigir la demolición de lo existente, sometido además a un canon oficial, reúne caracteres a prima facie extorsivos.”

La prueba

Hasta ayer, el caso Porretti reunía algunas incógnitas. Entre otras, cómo iba a hacer la Cámara para valorar el rol del intendente en la zaga de la extorsión. Para eso los jueces Jorge Dupuy, Susana Yaltone y Fernando Sotelo dieron por válido el procedimiento de primera instancia y basaron los argumentos de su resolución en las declaraciones de Rubén Cameroni, Javier Porjolovsky y Alejandro Vicchi, los tres propietarios de Ku-El Alma.

“Hacia el 20 de diciembre del 2007 se había llevado a cabo una inspección en el complejo a la cual asistió el intendente Porretti en persona –expuso Cameroni en su declaración– con la finalidad de inspeccionar la seguridad del lugar. La inspección había resultado positiva porque se cumplían las exigencias municipales. Es en esa instancia en que Porretti, no estando de acuerdo con un sector trasero del complejo, les indica que en esas condiciones no les permitiría abrir y revocaría la habilitación.”

Cameroni dio cuenta de la historia y permisos del lugar y de las reuniones oficiales y extraoficiales que terminaron en el despacho del jefe comunal. Del escrito se desprende que se llegó a hablar de hasta de un millón de pesos sobre una negociación que se detuvo en 400 mil pesos de coima: 225 mil para la intendencia de Pinamar y el resto para los funcionarios.

–Mirá, Roberto y yo es lo mismo –aseguran los dueños de las discotecas que les dijo Leonián en un auto.

En esa línea, la Cámara retomó el relato. Mencionó llamadas de Leonián al celular de Porjolovsky para concretar el acuerdo de tres pagos de 30 mil pesos y le dio crédito a las presiones que denunciaron los empresarios. “Todas las noches teníamos la presencia de inspectores municipales (en el local, el número) de los cuales se incrementaba los días anteriores al pago”, dijo Vicchi.

En coincidencia con lo que se supo en los últimos días, los empresarios de las discotecas dijeron que pidieron el encuentro con Porretti cuando supieron que Leonián podía renunciar por problemas de salud.” Esto nos provocó cierta inseguridad –expuso Vicchi– porque el dinero lo recibía él, dado que hasta ese momento dudaban sobre si en el hecho tomaba parte Porretti”. Tras ese encuentro del 8 de febrero con cámara oculta, hicieron la denuncia.

Así, para los camaristas Dupuy, Yaltone y Sotelo el intendente de Pinamar no sólo fue garante de la reunión, sino el “intimidante” que estuvo presente en el origen de las prácticas: “Roberto Martín Porretti habría participado en el hecho en tanto habría sido quien emitió, en primer momento, el anuncio de que no iban a poder abrir, demolición y tenerse que retirar, sobre cuya base intimidante otra persona efectuó los requerimientos, participación material que se vería corroborada con su presencia convalidante (en la reunión) de la exigencia de dinero destinado al patrimonio particular de funcionarios”, señaló la Cámara en su resolución.

Los jueces rechazaron la eximición de prisión que pidió Porretti. A decir verdad le negaron ese beneficio no sólo porque –con una pena mínima de cinco años– el delito que se le imputa no es excarcelable, sino también por suponen que podría fugarse.