Cristina Kirchner presentó ayer públicamente un proyecto de ley para crear una nueva Cámara de Casación Penal que –de aprobarse– conviviría con la que ya existe, que ha sido uno de los principales embudos en las causas contra represores acusados de violaciones a los derechos humanos. Ese anuncio fue parte de un paquete de cinco propuestas que ingresarán al Congreso a través de la Cámara de Diputados y que llevan como meta acelerar los juicios sobre los crímenes de la última dictadura. El paquete incluye levantar la prohibición de recompensar a los militares que aporten datos a las investigaciones; también abarca reformas de cuestiones procesales y un sistema de subrogancias para evitar se paralicen los tribunales del interior.

La Presidenta firmó los cinco proyectos para reformar el Código Procesal Penal ayer a la tarde, pero el que habló fue su secretario Legal y Técnico, Carlos Zannini. “Queremos dar un impulso para la celeridad de los juicios y derribar el muro de impunidad”, dijo, y aclaró que el objetivo es lograr que mejore todos los procesos penales en general. En la reunión participaron también el ministro Justicia, Aníbal Fernández; el jefe de Gabinete, Alberto Fernández; el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde. Estuvieron la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, las diputadas Victoria Donda y Diana Conti y el legislador Juan Cabandié, entre otros.

Según estimó Zannini, los proyectos podrían ser aprobados en “30 o 40 días, porque tendrán un impulso importante”, aunque dependerá –claro– de los tiempos reales que manejen ambas cámaras.

- Una de las propuestas es modificar la ley que prohíbe recompensar a miembros de las Fuerzas Armadas y permitirlo para quienes aporten datos sustanciales sobre el Terrorismo de Estado y para ubicar a represores imputados que se encuentran prófugos de la Justicia. Para esto se creará una unidad especial dentro del Ministerio de Justicia.

- La creación de una Cámara de Casación Penal, si resulta aprobada, pretende lograr una mejor distribución de los expedientes, además de traer un nuevo elenco a un tribunal donde varias salas han sido proclives a beneficiar a los represores. A los escollos habituales, el año pasado un fallo de la Corte hizo los procesos más engorrosos al obligar a Casación a pronunciarse sobre cuestiones de hechos y pruebas y no sólo de derechos. La nueva Cámara, plantea el proyecto, tendría jurisdicción sobre la ciudad de Buenos Aires y absorbería el 50 por ciento de los 4000 expedientes en trámite. La Cámara ya existente mantendría potestad sobre el resto del país. Además, el tribunal distribuiría las causas en distintos tribunales, para no recargar a uno sólo, como ocurre ahora con las causas ESMA y Primer Cuerpo de Ejército. Los nuevos jueces de Casación deberán ser propuestos por el Consejo de la Magistratura en 120 días.

- Otra reforma apunta a que los recursos de Casación no interrumpan la elevación a juicio en un proceso penal.

- Los recursos de Casación tendrían un trámite con audiencias orales, públicas y un plazo para ser resueltos en 30 días. Habrá una oficina de gestión para administrarlos.

- Se promueve también un régimen para que, si hay vacantes en los tribunales orales, pueda subrogar cualquier otro juez de tribunal oral o los miembros de las cámaras. Se pretende superar la parálisis de las causas contra represores en el interior.