La líder del ARI, Elisa Carrió, guarda bajo siete llaves un dossier que contiene una síntesis detallada de las principales denuncias de corrupción contra Adolfo Rodríguez Saá. En la carpeta figura el increíble salto en su declaración de bienes, denuncias por coimas vinculadas con el régimen de promoción industrial y una descripción de la colonización de la Justicia puntana. Convencida de que será su adversario final, Carrió espera el momento más oportuno para desempolvar los documentos y expedientes y lanzar la contraofensiva contra el ex gobernador de San Luis.
El dossier
Ex diputado provincial del Frente Grande, Juan José Laborda Ibarra es uno de los hombres que mejor conoce el transfondo oscuro de la política puntana: fue uno de los más enconados opositores a Rodríguez Saá, presentó las denuncias más importantes y escribió varios libros con sus investigaciones.
Luego de la desintegración del Frepaso, Laborda Ibarra se acercó a Carrió. Aunque actualmente se encuentra alejado del ARI de San Luis, y dedicado de lleno a su actividad privada como escribano, el hombre permanece en contacto con la diputada chaqueña, con la que mantiene una larga relación personal.
En diciembre del año pasado, cuando la Asamblea Legislativa designó a Rodríguez Saá como presidente por tres meses, Carrió recibió el informe preparado por Laborda Ibarra. En aquel momento, la legisladora leyó con atención el documento y tomó la decisión de que su bloque se opusiera a la designación.
En un breve discurso, Carrió impugnó la Asamblea por inconstitucional, cuestionó la ley de lemas y criticó al actual candidato peronista. “No se puede designar un presidente sobre el cual pesan tantos cuestionamientos éticos”, dijo. “No puede justificar su patrimonio”, agregó después. En su banca, mezclados con otros papeles, tenía el dossier elaborado por Laborda Ibarra.
Los datos
En el informe que guarda Carrió figuran decenas de acusaciones, aunque la principal se basa en la declaración de bienes de Rodríguez Saá. Según la denuncia de Arturo Petrino, ex secretario general del gobierno de San Luis, antes de asumir como gobernador, en 1983, Rodríguez Saá había declarado una propiedad hipotecada y dos coches, un Dodge Rural modelo ‘83 y un Renault 12 modelo ‘74.
El dossier agrega que el año pasado, antes de su designación como presidente, la Fundación Poder Ciudadano accedió a la declaración jurada presentada por el matrimonio Rodríguez Saá ante la Oficina Anticorrupción: reconocieron seis propiedades (entre ellas, una casa en San Luis que vale más de un millón de pesos y un departamento en Punta del Este), cinco autos (entre ellos un Honda, un Rover y una Suzuki 4x4) y dos empresas. Después de 18 años como gobernador, Rodríguez Saá declaraba bienes por más de dos millones de pesos.
El crecimiento patrimonial del ex gobernador no es el único punto del informe, que contiene una larga serie de denuncias, muchas ellas vinculadas con el régimen de promoción industrial que benefició a la provincia. Una de las últimas acusa al gobierno de San Luis de haber cobrado una coima de casi tres millones de pesos en 1996 a partir de la
adjudicación de obras al empresario Victorio Gualtieri para la construcción de dique Nogolí. Según Laborda Ibarra, el Estado pagó un anticipo financiero de 2.900.000 a través de un cheque a nombre de Gualtieri, que nunca ingresó en los balances de la empresa, que se cobró en efectivo y que habría constituido la comisión a cambio de la adjudicación de la obra. La invasión del Poder Judicial puntano es otro de los ejes del informe. En 1997, Rodríguez Saá consiguió la destitución de cuatro de los cinco miembros del Tribunal Superior y nombró como nuevo titular a Carlos Sergenese, su apoderado personal. Luego redujo los salarios de los empleados judiciales, algo que la Constitución prohíbe expresamente, y echó sin sumariar a los ocho secretarios judiciales que protestaron. También separó de sus cargos, mediante juicios políticos digitados, a un grupo de juezas rebeldes, y hasta disolvió los dos colegios de abogados de la provincia.
El dossier también contiene datos sobre el modo en que se utiliza la coparticipación provincial para domesticar a los intendentes, denuncias sobre presiones a los medios locales y ejemplos del personalismo de Rodríguez Saá. Es una síntesis, detallada y documentada, de los puntos más oscuros de sus 18 años de gestión.
El momento
Aunque en un primer momento pensó que su adversario sería Menem, Carrió está convencida de que en la batalla final tendrá que enfrentarse a Rodríguez Saá, que viene experimentando un progresivo crecimiento en simultáneo con un estancamiento de la líder del ARI.
Hasta ahora, Carrió ha sido bastante cuidadosa en sus ataques al ex gobernador. Lo calificó como una continuidad del “menemismo cultural”, dijo que no puede justificar sus bienes y, en una reciente visita a San Luis, cuestionó su promocionada gestión con el argumento de que el desempleo y la pobreza son tan graves como en el resto de las provincias. Sin embargo, no se refirió nunca, de modo explícito y preciso, a las denuncias de corrupción contra Rodríguez Saá.
“Es evidente que entre Rodríguez Saá y nosotros hay una diferencia ética. Lilita lo dice, dice que él forma parte del régimen, pero no habla puntualmente de sus escándalos”, explica un diputado del ARI que ha conversado del tema con Carrió. “Eso no significa que no vaya a suceder más adelante, pero hay que manejar los tiempos con calma. Todavía faltan siete meses para las elecciones y no podemos quemar todos los cartuchos ahora”, sostienen el legislador. Y añade una última consideración: “Hay que ver si conviene que salga a hablar Lilita, o quizás es mejor que lo hagan otros dirigentes del ARI. En cualquier caso, el material lo tenemos y, cuando llegue el momento, vamos a salir”, concluye.