Las amenazas inflamables de Juan Pablo “Pata” Medina podrían costarle hasta quince años de prisión por coacción agravada. “Yo sé muy bien dónde tengo que poner el fósforo”, dijo a viva voz ante dos fiscales y varios policías sabiéndose rodeado. El sindicalista lejos estaba de hacer un asado en su casa de Villa del Plata, en Punta Lara: había invadido la destilería de YPF Repsol en Ensenada, con decenas de militantes de la filial La Plata de la Uocra. Buscaba refugio en esa zona explosiva, después de provocar con su gente graves incidentes en el barrio El Dique, el viernes de Semana Santa.

“Nunca vi algo así en 22 años que llevo en el Poder Judicial”, le confesó a Página/12 Marcelo Romero, el fiscal que pidió la detención del gremialista, aquel que se enfrentó con los camioneros de Hugo Moyano el 17 de octubre de 2006, en lo que se recuerda como la batalla de San Vicente. Esta batalla, la de Ensenada, no fue por ocupar el lugar más estratégico en un acto donde se homenajeaba a Perón. Los partidarios de Medina interrumpieron el trabajo de una cuadrilla de empleados municipales y desocupados que hacían obras de desagüe y destruyeron todo, incluidos los gruesos caños de fibrocemento. El pretexto fue que el intendente local, Mario Secco –enfrentado desde hace años con el jefe de la Uocra–, no había empleado albañiles de una bolsa de trabajo que funciona en su gremio.

Los actos de vandalismo provocaron también el vuelco de patrulleros, el robo de armas y chalecos antibalas policiales, la quema de automóviles particulares y roturas en varios negocios. Cuando finalizaron los incidentes que habían iniciado unos 300 albañiles de Medina y que luego reprimieron cientos de policías, la calle 50 entre 125 y 126 del apacible barrio El Dique parecía una postal de Bagdad. Allí, frente al ex hospital naval, el municipio de Ensenada construía 150 metros de desagües con la colaboración de una cooperativa de desocupados.

En la Uocra La Plata acusan a Secco de tercerizar las obras “para evitar contratar a trabajadores sindicalizados” y abaratar los costos. El jefe comunal, en cambio, sostiene que los desagües demandaban una inversión de 10 mil pesos horas-hombre y que en los grandes proyectos de su distrito las empresas contratan a los afiliados del sindicato. Como fuere, los episodios ocurridos en El Dique y en la destilería de YPF son los más graves de una interna política que en Ensenada mantiene a dos sectores enfrentados: el de Secco y el del dueto Medina-Adalberto Del Negro (el anterior intendente peronista del distrito).

Dos juzgados investigan los hechos: uno federal, a cargo de Arnaldo Corazza, y otro de garantías, cuyo juez, Juan Pablo Massi, le negó la posibilidad de continuar en libertad a Medina. El primero interviene porque la amenaza de prenderle fuego a la destilería sucedió en una zona portuaria que es jurisdicción federal. La causa que sigue el segundo es por “coacción simple, robo calificado, atentado y resistencia a la autoridad, lesiones y daño calificado”. Como dijo el fiscal Romero: “Tiene medio Código Penal encima”.

Romero también explicó la situación procesal del sindicalista que presentó un pedido de eximición de prisión la misma noche de los incidentes: “Ahora hay que esperar que la defensa actúe. El juez debe notificarle la denegatoria y a partir de ahí, se abre un plazo para que se pronuncie la Cámara. Por los antecedentes que tiene Medina, su suerte estaría sellada”. El fiscal fue uno de los testigos que escuchó al líder de la Uocra proferir su amenaza incendiaria momentos antes de que dos funcionarios del Ministerio de Seguridad Bonaerense intervinieran. Fue tan grave lo que ocurrió en El Dique que, sin estar de turno, el juez César Melazo se acercó hasta el lugar para ver qué pasaba. Es el mismo magistrado que tiene en sus manos la causa por la batalla de San Vicente y en la que dos hombres de la Uocra quedaron procesados junto al camionero que hizo varios disparos al bulto, Emilio “Madonna” Quiroz.

Medina no quedó involucrado en la investigación por lo sucedido el 17 de diciembre de 2006 ni fue convocado como testigo, pero sí tiene varias causas abiertas. En una se lo acusó de atropellar y matar con su automóvil al docente y maratonista Victorio Pascual Panella en La Plata (expediente 318.203). En otra, que tramita la Justicia federal, lo denunciaron los dueños de la empresa Bautex por amenazas (expediente 6.229). El Pata también estuvo en prisión 80 días en un proceso por hurto y coacción que se le abrió por subirse a una máquina vial e intimidar a varios obreros. Esta conducta ha sido moneda corriente en su trayectoria como dirigente gremial. En La Plata aún se recuerda cómo intervino con el método de la patota cuando se construía el estadio donde ahora juegan de local Estudiantes y Gimnasia. No les daban trabajo a sus afiliados y él tomó el obrador por la fuerza.

“Causas judiciales tengo un montón, pero en ninguna me pudieron condenar...”, se jactó Medina una vez en Telenueve, mientras lo entrevistaba el periodista Andrés Klipphan. El intendente Secco, quien presentó a su municipio como particular damnificado en el expediente por los hechos de Ensenada, tiene más denuncias de destrozos contra el edificio comunal y la casa de su padre (ver aparte).

En el playón de la destilería, junto a la puerta 3 que curiosamente se abrió para que la gente de la Uocra ingresara, Medina pronunció la que, quizá, haya sido su bravata más osada. “No había garantías de que no cumpliera su amenaza en una zona altamente inflamable”, recordó Romero, a quien lo acompañaba otro fiscal, Jorge Paolini. El dirigente sindical y el grupo que lo seguía depusieron su actitud después de entregar una escopeta Itaka y una pistola 9 milímetros, chalecos antibalas y hasta partes del uniforme de un policía. Casi todos quedaron libres y las únicas detenciones que se practicaron fueron por los incidentes y no por la toma de la planta de YPF. En su raid, habían dejado atrás una obra vecinal hecha pedazos, algunos uniformados heridos y cascotes dispersos de todos los tamaños por las calles. Los más grandes eran trozos de fibrocemento de los caños de desagüe.

En las humildes casas de chapa y material, un paisaje semejante al de La Boca, algunos vecinos que esperaban las mejoras lloraban de impotencia, otros habían refugiado sus autos en una estación de servicio de la avenida 122 y todos tomaban nota de que ese viernes 28 de marzo nada había tenido de santo.