Titubeante, Jorge Enrique Bautista reiteró ayer de manera “no tan enfática” la versión oficial sobre la Masacre de Trelew que sostiene que no se trató de un fusilamiento, sino de un intento de fuga. Incluso, a pesar de haber sido el responsable del sumario interno elaborado por la Armada en 1972 para respaldar la posición oficial, aseguró en su declaración indagatoria de casi seis horas ante el juez federal de Rawson, Hugo Sastre, no recordar nítidamente las conclusiones a las que llegó con su trabajo. Para ayer estaba prevista también la indagatoria al general Eduardo Ignacio Betti, jefe de la zona de emergencia dispuesta por el dictador Alejandro Lanusse después de la fuga del penal de Rawson. Pero no pudo ser, dado que el general retirado presentó un certificado médico que lo excusó de declarar. Eso fue lo que informaron fuentes judiciales, que viajaron especialmente a Buenos Aires para interrogar a cuatro imputados que, por cuestiones de salud, no pueden trasladarse.

Bautista está acusado de participación secundaria en el asesinato de los 16 guerrilleros aquel 22 de agosto de 1972 en la base Almirante Zar de Chubut. Es que su rol, a escasos días del episodio, fue recrear el hecho para las autoridades gubernamentales. Así fue que ayer aportó a la causa las fotografías que tomó, los testimonios que recolectó y una descripción minuciosa de la escena posterior a los sucesos. Sin embargo, nada dijo de las conclusiones a las que arribó en el sumario que un mes y medio después le entregó a su comandante en jefe.

A quienes sí inculpó fue al prófugo teniente Roberto Guillermo Bravo y al capitán Luis Emilio Sosa. De ambos cuestionó su “obrar negligente”, dado que el primero habría sido el responsable de sacar a todos los militantes al unísono de sus celdas y el segundo de haberse paseado entremedio de ellos armado. Sucede que, según la versión de la Armada, fue en ese momento que, toma de karate mediante, los guerrilleros le habrían arrebatado la pistola iniciando así un nuevo intento de fuga.

De acuerdo con hipótesis de organismos de derechos humanos, cuando se decidió alojar a los detenidos en la base Almirante Zar, tras la rendición en el aeropuerto de Trelew el 15 de agosto, ya estaba tomada la decisión de acribillarlos. En esta línea, según coinciden los relatos de los tres sobrevivientes, el fusilamiento estuvo precedido por la orden de retirar de las celdas los colchones y las mantas. Por primera vez, Bautista reconoció ayer que al momento de su llegada, ocho horas después, esos colchones y esas mantas estaban en el lugar que los militantes decían.

Por su parte, el interrogatorio a Betti, de 83 años, fue postergado hasta que las pericias médicas encomendadas por Sastre revelen si puede ser sometido a esa diligencia procesal.

En la causa ya fueron procesados con prisión preventiva y embargos multimillonarios sobre sus bienes el contraalmirante Horacio Mayorga, de 83 años, y los capitanes Rubén Norberto Paccagnini, de 83; Sosa, de 71; Emilio del Real, también de 71; y al cabo segundo Carlos Marandino, de 58, todos en situación de retiro.

Hoy, Sastre tiene previsto indagar a dos ex funcionarios de la gestión de Lanusse: el secretario de Planificación, Ezequiel Martínez, y el ex ministro de Defensa, Eduardo Aguirre Obarrio. El miércoles visitará la cárcel de la localidad bonaerense de Marcos Paz para ver in situ las condiciones de detención.

Informe: Diego González