El represor Hugo César Espeche tuvo que dejar ayer la comodidad de su flexible prisión domiciliaria en Comodoro Rivadavia, Chubut. El pasado 20 de marzo, el juez federal de Salta, Abel Cornejo, revocó el beneficio del que gozaba el teniente coronel retirado tras comprobar que el oficial acusado por el homicidio de doce presos en 1976 se desplazaba como si estuviese libre. Después de dieciocho días de idas y vueltas burocráticas, Espeche fue trasladado anoche a la sede local de la Policía Federal. El juzgado salteño informó a Página/12 que un médico del Ejército lo revisó y en función del diagnóstico permanecería en la comisaría o sería trasladado al hospital militar de la capital chubutense.

En febrero pasado, Espeche fue reconocido por Javier Guzmán, un muchacho salteño, de Orán, que trabaja en un corralón en Comodoro Rivadavia. Guzmán se puso en contacto con los querellantes de la causa conocida como Masacre de Palomitas, a través de los abogados David Leiva y Tania Nieves Kiarico. Su testimonio, junto al de una mujer que se presentó en forma espontánea ante Cornejo, aportaron los datos necesarios para que el magistrado le ordenara a la Gendarmería que detuviera a Espeche. El militar había conseguido que la Cámara Federal de Salta le permitiera cumplir la prisión en su casa por sus problemas cardíacos. La decisión de los camaristas había revocado un fallo en contrario de Cornejo.

En el 2006, los defensores de Espeche, quien ya había mutado a próspero empresario en el sur, llegaron hasta la Corte Suprema de la Nación para reclamar su excarcelación. Los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni y Enrique Petracchi coincidieron en que el planteo era “inadmisible” y reclamaron a la Justicia salteña acelerar los procesos contra los represores. Tanto la fiscalía como la querella acaban de ratificar el planteo para que Espeche sea juzgado por el homicidio doblemente agravado de doce presos en 1976.

El 6 de julio de 1976, el entonces capitán del Ejército Hugo César Espeche se presentó a las 19.45 ante el director del penal de Villa Las Rosas, en Salta, con la misión de trasladar a once presos políticos. El oficial de la dictadura dio dos órdenes: “Esto no se anota en los registros”, dijo y conminó a los carceleros a apagar todas las luces y retirarse de los pasillos “a objeto de que la operación resulte lo más secreta posible”. Los doce presos (fue sumado uno de Jujuy) fueron ejecutados a los pocos kilómetros en un simulacro de fuga. Durante veintisiete años, Espeche, retirado como teniente coronel, gozó de impunidad. En el 2003 fue detenido por su responsabilidad en la masacre.

Apenas se anularon las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y se reabrieron las causas por delitos de lesa humanidad, Espeche se fue a Europa. Los abogados querellantes explicaron a este diario que el oficial del Ejército volvió al país temiendo ser detenido por orden del juez español Baltasar Garzón. “Allí las penas son acumulativas y no hay ninguna posibilidad de zafar”, comentó un abogado.

De regreso a la Argentina, Espeche supo ingeniárselas para hacer negocios. A través de la empresa de seguridad y limpieza Espe SRL consiguió contratos con la petrolera Pan American Energy, liderada por Carlos Bulgheroni. Afincado en Chubut, el represor se desplazaba haciendo caso omiso de su situación procesal a miles de kilómetros. Ayer, finalmente se hizo efectiva la prisión y ahora se espera que el Servicio Penitenciario –que depende también del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos– realice el traslado a Salta.